A las cero horas de mañana partirán los nuevos tribunales laborales en la Región Metropolitana. La expectativa del gobierno es que en su primer año de funcionamiento se reciban 15.000 causas; esto es, 10% a 15% más de las que se tramitan cada año. Pero los privados creen que podrían ser más y que probablemente habrá más fallos adversos, dada la experiencia en las 10 regiones donde ya opera la reforma: del total de demandas judiciales, 46% ha favorecido al trabajador y 3% al empleador. El 51% restante se resuelve vía conciliación, tras la intervención de la Dirección del Trabajo.

El tema ciertamente preocupa al empresariado. Por eso, en las últimas semanas los distintos gremios intensificaron esfuerzos para que sus asociados revisen procedimientos internos, contratos y finiquitos, y así evitar un alza sostenida de la judicialización. No es todo. A mediados de julio, abogados de la  CPC se reunieron con el subsecretario de Justicia, Jorge Frei, para explorar cambios a la norma como, por ejemplo, que los tribunales laborales sean colegiados; es decir, integrados por tres jueces especializados y no sólo por uno, y reponer el recurso de apelación (en la corte respectiva) que fue anulado para los juicios laborales. Pero no tuvieron acogida. El coordinador nacional de la Unidad de Defensoría Laboral, Zarko Luksic, descarta una revisión de la ley hasta no evaluar el primer año de funcionamiento en la Región Metropolitana.

"La reforma a la justicia laboral parte mañana acá y hay que dejar que funcione, y que los jueces, defensores laborales y abogados de empresas hagan su trabajo. Luego haremos las evaluaciones pertinentes", dice.

En la CPC, el presidente de la comisión laboral de la cúpula y timonel de la Sofofa, Andrés Concha, si bien valora la experiencia en regiones, que muestra celeridad, aclara que la reforma y la ley sobre igualdad de remuneraciones entregaron instrumentos a los trabajadores para cuestionar la facultad de administración del empleador, si estiman que se han afectado sus derechos fundamentales, y "eso significa que tendrá que ser mucho más prolijo en el ejercicio de dichas facultades".

LOS PUNTOS POLÉMICOS
La reforma comenzó el 31 de marzo de 2008 en las regiones III y XII, y supone dos etapas: una prejudicial (conciliación) y otra judicial (presentación de demanda en tribunal). Los juicios son orales, públicos y rápidos, pues tienen un plazo máximo de tres meses para que el juez dicte fallo. Se puede extender otro mes si se presenta un recurso de nulidad. Se garantiza la representación de abogados a quienes no puedan pagar el servicio y ganen hasta $ 388.000 líquidos.

También hay cambios de fondo. Primero, con la reforma, el Código del Trabajo atenderá cinco procedimientos: de aplicación general (accidentes del trabajo, salarios, indemnizaciones, etc.), monitorio (por reclamos o demandas de menor valor, por hasta 10 ingresos mínimos mensuales), de reclamación de multas (en caso que la DT curse multa administrativa o dicte resoluciones), ejecutivo (considera normas para agilizar el cumplimiento de sentencias) y de tutela laboral (nuevo y destinado a proteger los derechos fundamentales para evitar la discriminación por raza, sexo, edad, religión, opinión política, prácticas desleales, antisindicales, etc.). Además, se anuló la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones, lo que complica a empresarios y abogados.

Pero Luksic no concuerda: "Se dice que el juez no tiene recursos, pues no hay recurso de apelación. Pero la reforma plantea el recurso de nulidad y éste podría aplicarse más, porque tiene causales diferentes al de nulidad penal. De ese modo, podría permitir que los tribunales superiores pudieran revisar la sentencia de primer grado". El abogado del comité laboral de la CPC, Héctor Humeres, lo refuta: "El recurso de nulidad existe y también el de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema. Pero éste es difícil de interponer, pues es muy estricto y permite muy pocas causales. Tanto así, que al 30 de junio de las 6.518 causas presentadas en el marco de la ley, habían ingresado a la Corte Suprema cerca de 10 y de ellas sólo una fue aceptada".

¿MAYOR JUDICIALIZACIÓN?
"En regiones no ha habido un aumento de juicios. Los jueces están fallando en un lapso bastante menor, (pero) hay inquietud sobre el uso que, eventualmente, tenga el procedimiento de tutela de derechos fundamentales en la Región Metropolitana, así es que observaremos con atención ese tema", plantea Concha. Abogados alertan que dicho punto abre espacio a mayor judicialización y proponen cambios. La Región Metropolitana tiene más del 43% de la fuerza ocupada (el 74% asalariada) y del 32% de los contratos formales.

"Como resultado de la aplicación del procedimiento de tutela de los derechos fundamentales, se prevé una ampliación de las materias que se someten a los tribunales del trabajo, lo cual podría incidir en un aumento del número de juicios a que se pueda ver enfrentada una empresa", afirma Luis Eduardo Toro, socio del estudio Barros y Errázuriz. Dice que esos temas han salido del área de Recursos Humanos y "se han puesto como motivo de preocupación de la administración superior de las empresas".

Camilo Cortés, abogado de Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, estima que "lo más urgente es la revisión de los procedimientos de desvinculación. Si bien la ley no cambió las normas sustantivas sobre despido, ha obligado a que las formalidades se cumplan con más rigurosidad... Sin duda habrá un número mayor de demandas, ya que el trabajador estará más incentivado a demandar que a lograr un acuerdo extrajudicial".

El abogado de Cariola Diez Pérez-Cotapos & Cía, Florencio Bernales, suma otro reparo: "La cantidad de jueces en Santiago es poca y se producirá un colapso de los tribunales. Esto redundará en que las audiencias preparatorias y de juicio serán muy breves lo que puede atentar contra la garantía constitucional del debido proceso, uno de cuyos pilares es que las partes puedan exponer al juez sus argumentos y pruebas en plazos razonables".