La televisión chilena está ad portas de implementar la reforma más revolucionaria de las últimas décadas: dejar atrás las transmisiones análogas y adoptar la plataforma digital para la emisión de sus contenidos de libre recepción. Una transformación crucial, que ya han adoptado otros países, y que promete grandes cambios para la principal fuente de entretención e información de libre acceso.

Luego de tres años de discusión, donde participaron la industria televisiva, los medios de comunicación, los gobiernos y empresas de los países que ofrecían la tecnología y las autoridades a cargo del tema, la Presidenta anunció el lunes que Chile finalmente adoptaría la norma japonesa (ISDB-T), que destaca por su gran movilidad y portabilidad. Una decisión largamente esperada que la autoridad había postergado en seis ocasiones, argumentado la necesidad de mayores estudios.

El Ejecutivo escogió entre tres opciones: la mencionada norma japonesa; la estadounidense (ATSC), enfocada en la televisión de alta definición, y la europea (DVB-T), cuya fortaleza está en la transmisión de programas múltiples por una sola frecuencia (multicasting). Los tres formatos han ido convergiendo en el aspecto técnico con el correr del tiempo, según aseguran los expertos, y equiparando los costos asociados a su implementación (hasta hace poco la japonesa se presentaba como la más onerosa), dos factores que seguramente pesaron en la decisión presidencial.

La norma elegida permite utilizar de manera más eficiente el espectro por donde se transmite la señal televisiva, incrementando el número de canales disponibles si la demanda así lo requiere. Además, posibilita la incorporación de nuevas tecnologías, como la recepción en teléfonos celulares y admite aumentar el grado de interactividad con transmisión de datos, juegos e incluso internet de banda ancha, además de las mejoras sustanciales en imagen y sonido asociadas al paso de la TV análoga a la digital.

Dado que este proceso demora varios años en implementarse a cabalidad, pues involucra variables económicas, técnicas y legislativas (EEUU, por ejemplo, tardó casi una década en abandonar por completo la TV análoga desde que inició la transformación), el gobierno ha establecido el 2018 como fecha límite para terminar con las transmisiones análogas.

Los canales deberán realizar inversiones sustanciales en equipamiento y el 65% de la población que no tiene televisión de pago (cable y satelital) deberá comprar un decodificador o un nuevo televisor para poder recibir la señal digital.

La digitalización de la televisión debería acarrear cambios de fondo para la industria televisiva. Hoy las barreras de entrada para crear un canal de recepción abierta son considerables (por la cuasi saturación del espectro electromagnético en el que viaja la señal y los costos asociados) y la publicidad se concentra en pocos.

El cambio tecnológico permite repensar este escenario: ahora se podrá asignar un mayor número de frecuencias, lo que posibilita la creación de canales que entreguen una oferta más variada para un público más segmentado. Al mismo tiempo, los costos debieran ser más bajos con la plataforma digital, lo cual también facilita el acceso de más actores al mercado. 

La etapa pendiente es la aprobación en el Congreso de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo en 2008, que fija las condiciones para la introducción de la televisión digital. La iniciativa especifica la asignación de frecuencias, y quiénes estarán autorizados a operar y en qué condiciones (aunque es discutible que proponga también la obligación de emitir campañas que el gobierno defina como de utilidad pública, y que regule la publicidad en producciones audiovisuales financiadas con recursos fiscales). 

Se ha dado el importante paso de definir el estándar técnico para digitalizar la televisión. Es de esperar que la discusión legislativa se haga cargo del profundo cambio que ello implica, creando un entorno amigable para la inversión y la diversificación.