Faltaban pocos minutos para las 13.00 del martes, cuando los jugadores de la selección chilena terminaron el entrenamiento y se daba inicio a la tarde libre que el director técnico Jorge Sampaoli había dado a los futbolistas. La condición era que tenían que estar de vuelta en Juan Pinto Durán a las 23.00.

Fue bajo este permiso que el volante Arturo Vidal condujo su recién adquirido Ferrari, junto a su señora, para pasar la jornada en el casino Monticello, en la VI Región. Los problemas se presentaron cuando emprendieron el retorno a la concentración. Vidal, en estado de ebriedad (la fiscalía reveló que el alcotest arrojó 1,21 gramo de alcohol por litro de sangre), chocó por detrás a otro vehículo, cerca de las 22.00. Este último volcó y el vehículo en que andaba el jugador fue proyectado a gran velocidad hacia el borde del camino, en el kilómetro 25 del Acceso Sur, comuna de Buin.

Si bien Carabineros no ha realizado aún informes oficiales y científicos sobre la velocidad a la que se desplaza Vidal, las estimaciones preliminares apuntaban a que sería cerca de 150 km/h. Otra teoría sobre el fuerte impacto se basa en que Vidal pudo haber enganchado, y que la potencia del vehículo generó el choque.

Los informes policiales indicaron que el futbolista sufrió de un “traumatismo craneal” de carácter leve y su señora un “traumatismo en el hombre derecho, carácter menos grave”. El conductor del auto que fue chocado, Felipe González, resultó con lesiones leves. Ayer se supo que el jugador llegó a un acuerdo con González, en que se comprometía a responder por todos los daños. El conductor del vehículo chocado dijo que “debido al acuerdo tomado, no puedo decir nada”, a través de un mensaje de WhatsApp.

Carlos Albornoz, asesor financiero de Vidal, dijo que el jugador “venía recién conociendo su auto. Era primera vez que lo conducía en la carretera. Debe asumir los costos y está dispuesto a hacerlo”.

Este trato, que comenzó a gestarse cuando Vidal y González estaban en la comisaría, podría implicar que el afectado no levante acciones legales contra el jugador. Esto podría llevar consigo, además, que el proceso penal pudiera acelerarse y llegar a un acuerdo con la fiscalía.

Desde el momento en que ocurrió el choque, se generaron sólo dudas sobre uno de los jugadores más importantes de la selección nacional. Una de las más inquietantes, relativa a su continuidad en la Copa América, fue despejada por Sampaoli cerca del mediodía de ayer. Ahí, el entrenador declaró que no sería marginado (Ver El Deportivo). Casi en paralelo, en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, se comenzaba a aclarar el destino judicial del volante de la Juventus.

La audiencia que afrontó Vidal no fue fácil para personal de Gendarmería, ya que al lugar llegaron cerca de 500 hinchas para apoyar al jugador, quienes intentaron entrar a la fuerza a la sala en que se desarrollaría la audiencia. Tras ver esta situación, se determinó que la instancia se realizaría sin público.

El fiscal occidente, Robinson Arriagada, señaló en la formalización que “la prueba respiratoria arrojó con 1,21 gramo de alcohol por litro en la sangre”, por lo que la acusación era “por el delito de conducción en estado de ebriedad, con resultado de lesiones menos grave, leves y daños”. Las penas que arriesga van desde los 541 días hasta tres años de presidio, lo que no implica cárcel. En esa instancia, el fiscal relató que la prueba de alcotest se realizó ya que “se encontraba en estado de ebriedad por evidentes signos que mostraba en su cara y cuerpo”. También se informó que el jugador tenía infracciones por exceso de velocidad y no respetar señalizaciones de tránsito, y se le cursó un parte por no tener los documentos del auto al día.

Vidal estaba conduciendo con la factura del Ferrari, modelo 458 Italia. En el documento se revelaba que el vehículo tenía un costo de $ 154 millones. A eso se le sumaron $ 29 millones de IVA, por lo que terminó pagando $ 184 millones.

El tribunal determinó la retención de licencia de conducir y firma mensual en el consulado de Milán.  La defensa del volante fue tomada por los abogados José Pablo Forteza y Matías Insunza, del estudio Insunza Abogados. La investigación tendrá un plazo de 120 días.