El libelo contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau evidencia el definitivo vaciamiento doctrinario de la acusación constitucional. Lo que la Constitución diseñó como un remedio excepcional de ultima ratio, la praxis del Congreso lo ha degradado a una escenificación efectista.

Dos períodos históricos acreditan esta deriva. El primero, la “mesura institucional” (1991–2017): 26 años de disciplina coalicional en que se tramitaron apenas 24 acusaciones con puntuales episodios de pasada de cuentas -como los casos Provoste y Beyer-. El segundo, los “cuadrienios de la intransigencia” (2018–2026): el ciclo actual que lleva ocho años con una fragmentación heredada del sistema proporcional y las redes sociales que encumbran un parlamentarismo de facto, con 27 juicios políticos y un frenético revanchismo que empaña el debate, tal como lo diagnosticó el Informe del PNUD de 2024.

En este también opera una peligrosa licuación de las magistraturas de anclaje político -la Presidencia y Hacienda-, cuya indemnidad nos distanciaba de las democracias deficitarias regionales. El Frente Amplio quebró ese paradigma con el libelo contra Sebastián Piñera, derrumbando los incentivos que premiaban la prudencia. Hito que desdibujó a la derecha tradicional que buscaba la construcción de puentes con la izquierda, mientras la nueva derecha desató todos sus amarres liberales.

Desde entonces, los sectores viven en una espiral de represalias. Hoy la derecha apunta a Grau: no solo para castigar a un rival, sino para trasladar la dirección macroeconómica a las veleidades parlamentarias. Un diseño que rememora la fallida ofensiva contra Foxley en 1994, donde la Cámara lo contuvo acogiendo la cuestión previa.

Antes de defender la disciplina fiscal, la acción alimenta el escepticismo de los mercados internacionales, que miran con desconfianza nuestros síntomas de inestabilidad. Así, diluimos la idea de ser el “estudiante aventajado” del vecindario y nos alejamos definitivamente del arquetipo del “jaguar latinoamericano”.

No pretendo excluir de responsabilidades al exministro, pero los parlamentarios no pueden intentar castigar resultados económicos por la vía de un juicio político cuando el deterioro se fragua desde 2008, según el CFA. Grau no es una anomalía, sino el síntoma definitivo de ese declive estructural.

Vista así, esta acusación tiene un sentido nítidamente táctico: quebrar el eje PS-FA. El libelo supuestamente se concentra en la gestión de 202 días del exministro, cuando en realidad busca golpear el corazón de la dupla Boric-Marcel. Esto, mientras Marcel, en agosto de 2025, se replegó a escribir desde la comodidad de su bergère las memorias tituladas “Montaña Rusa” para resguardar la vigencia técnica, dejando al aprendiz expuesto al descampado, asumiendo en solitario el desprestigio de la conducción económica.

¿Renuncia táctica o simple suerte? La interrogante resuena en la dirigencia del FA. Sin embargo, el desvelo real de sus cuadros radica en no haber actuado con la responsabilidad institucional y la alta estrategia propias de aquellos cenáculos del poder que aspiran a transformar.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile.