Hay discusiones en Chile que se vuelven cansadoras, no porque no importen, sino porque muchas veces ni siquiera alcanzan a ser verdaderas discusiones. Parten con un tema serio y terminan reducidas a una frase para la galería, una cuña o un posteo; mucho ruido y poca profundidad.

Eso está ocurriendo con el proyecto de Reconstrucción Nacional presentado por el Gobierno al Congreso. Puede gustar más o menos, contener medidas correctas, otras discutibles y algunas que requieran ajustes, pero tiene algo que no debiéramos perder de vista: es un plan. Es decir, un conjunto de medidas que busca empujar la inversión, el crecimiento, el empleo formal, la reconstrucción y la recaudación futura.

Para eso está el Congreso: para estudiar, discutir, corregir y decidir. Por lo mismo, cuesta entender que algunos parlamentarios no estén dispuestos siquiera a aprobar la idea de legislar, porque una cosa es votar en contra después de analizar seriamente un proyecto y otra muy distinta es negarse a discutirlo. Eso no es firmeza política, sino una renuncia a la deliberación democrática.

Rechazar la idea de legislar no significa solo decirle que no a un gobierno. Significa cerrar la puerta a discutir medidas que buscan enfrentar problemas reales, como el bajo crecimiento, la inversión estancada, el empleo formal debilitado y las necesidades de reconstrucción. En un contexto así, lo mínimo exigible es debatir, no clausurar la conversación antes de que empiece.

El problema es que muchas veces se toma una parte del proyecto, se la aísla, se la caricaturiza y se usa como excusa para rechazar el conjunto. Es la política del despiece: sacar una pieza, mostrarla fuera de contexto, ponerle un slogan encima y dar por cerrado un debate que debiera ser mucho más serio.

Un ejemplo es la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría de 27% a 23%. No se trata solo de una cifra, sino de recursos que pueden destinarse a inversión, empleo e innovación. Sin embargo, la respuesta de algunos ha sido automática: “esto favorece a los súper ricos”, como si repetir esa frase bastara para cerrar la discusión.

Si creen que la medida es mala para Chile, que lo digan con argumentos; que expliquen cómo se genera empleo y crecimiento sin inversión, por qué una carga más alta sobre las empresas sería mejor para los trabajadores y cuál es la alternativa para recaudar de manera sostenible.

Porque cuando se habla de empresas, no se habla solo de accionistas. Se habla también de trabajadores, pymes, proveedores, contratistas y familias que dependen de que haya actividad económica. Una empresa que invierte no es una isla: mueve una cadena.

Chile necesita recaudar, pero también necesita crecer. No hay política social sostenible sin crecimiento, porque los recursos del Estado no aparecen por decreto, sino que surgen de una economía que funciona, produce, invierte y crea empleo.

Ningún proyecto merece un cheque en blanco. Pero rechazar la idea de legislar es una mala señal, porque equivale a decirle al país que no vale la pena discutir cómo recuperar crecimiento y empleo. Es pensar más en la próxima cuña que en el próximo empleo.

Lo mínimo es que el Parlamento haga su trabajo: estudiar, debatir y proponer. Si hay parlamentarios que están en contra, están en su derecho, pero que lo argumenten y no sustituyan la discusión por consignas.

Cuando la política reemplaza los argumentos por slogans, no pierde un gobierno ni gana una oposición. Pierde Chile. Y un país no se reconstruye a pedazos, sino con responsabilidad, inversión y mirada de futuro.