SEÑOR DIRECTOR:

Las demandas sociales que impulsaron la asonada del 18-O y las semanas posteriores, apuntaban a mejorar las pensiones, la salud, la educación; terminar con los abusos de las grandes empresas; solucionar el problema endémico de la vivienda, como también incrementar y fortalecer el empleo. El salto desde esas necesidades a radicar todos los males de la sociedad chilena en la Constitución, exigiendo su reemplazo por otra, fue una operación política astuta y oportunista que colocó al país en una situación dramática; por un lado, la izquierda más religiosa exigía la renuncia del Presidente de la República, al tiempo que promovía y atizaba la violencia, mientras que por otro, los operadores parlamentarios pergeñaban un acuerdo para empujar al país a un proceso constituyente.

Pues bien, ahora que se cumplieron cuatro años de esos hechos, es oportuno hacer balances. Las demandas sociales que originaron las jornadas de violencia y barbarie de esos días siguen pendientes, se ha avanzado poco o nada. Con el agravante que al destinar la mayor parte de la energía política a la cuestión constitucional, se introdujo un factor de inevitable incertidumbre e inestabilidad, que ha lastrado desde entonces el desarrollo económico, mantenido el crecimiento en guarismos insignificantes e impactado negativamente en el empleo.

En el plano constitucional, el país está literalmente embretado desde que la primera Convención Constituyente propuso un texto verdaderamente delirante, indigerible e inaplicable, que importaba un retroceso sustantivo en casi todos los órdenes. Tras el contundente rechazo que la ciudadanía propinó a esa aventura, en lugar de cumplir con lo previsto en la Constitución, que prescribía que en esa eventualidad seguiría rigiendo la Carta Fundamental actual, de nuevo la casta política se las ingenió para saltarse la ley e inventar el proceso que ahora avanza a sus fases finales, pero con ninguna certeza de que el pueblo vaya a aprobar el nuevo texto.

En suma, los resultados de estos años de experimentos más bien irresponsables no son auspiciosos. Los problemas reales y acuciantes de los chilenos siguen sin solución, y el panorama constitucional es incierto. Todo ello, además, en medio de un país más fracturado que antes, cansado de la mediocridad, saturado de ideologismo y voluntarismo, y con una altísima conflictividad.

Gustavo Adolfo Cárdenas Ortega

Abogado