Belice y Guatemala mantienen desde el siglo XIX diferencias sobre delimitación territorial, insular y marítima que podrían haber derivado en una confrontación armada. Ambos Estados eligieron un camino distinto: la institucionalización del diferendo mediante mecanismos de derecho internacional y la mediación de la Organización de los Estados Americanos.

En 2000 suscribieron el Acuerdo sobre Medidas de Fomento de la Confianza que establece la “Línea de Adyacencia” -línea de referencia administrativa- y crea una zona de adyacencia de dos kilómetros de ancho a lo largo de 215 kilómetros. Estas medidas no implican renuncia de soberanía ni crean precedente sobre reclamos territoriales; cada Estado mantiene su posición jurídica mientras acepta regímenes operacionales provisionales para reducir tensiones.

En 2003 formalizaron el establecimiento de la oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia, primera misión civil de paz en el hemisferio occidental. Esta oficina ha cumplido funciones clave para evitar confrontación armada: verificación técnica de incidentes mediante investigación in situ y elaboración de informes imparciales; coordinación trimestral entre fuerzas de defensa para intercambio de información sobre seguridad; mediación comunitaria mediante reuniones de autoridades locales y eventos binacionales, y desarrollo social a través de cuatro centros de capacitación Ta’Amay que ofrecen formación técnica gratuita en oficios, agricultura sostenible y emprendimiento.

En diciembre de 2008 suscribieron el Acuerdo Especial para someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, incorporando una cláusula democrática innovadora: ambos Estados se comprometieron a realizar referéndums antes de activar la jurisdicción de la corte. Las poblaciones autorizaron a sus gobiernos a aceptar la sentencia como “definitiva y obligatoria” e implementarla de “buena fe”, estableciendo un precedente al vincular jurisdicción internacional con validación democrática interna.

Durante más de dos décadas, el mecanismo ha operado sin confrontación armada, y la oficina de la OEA en terreno ha concretado el compromiso de ambas naciones con los principios de la Carta de la OEA y la Carta de las Naciones Unidas sobre resolución pacífica de controversias.

Este modelo demuestra que incluso diferendos históricos complejos pueden canalizarse institucionalmente cuando existe voluntad política, confianza en organismos multilaterales y compromiso con el derecho internacional. En un contexto global donde controversias territoriales frecuentemente derivan en conflicto armado, Belice y Guatemala ofrecen un referente de cómo la mediación internacional, los mecanismos de verificación sobre terreno, la cooperación bilateral y la jurisdicción judicial pueden sustituir la confrontación militar por procesos institucionales verificables y transparentes.

Por Antonia Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores