Según la última encuesta CEP (Centro de Estudios Públicos), los partidos políticos y el Congreso son las instituciones que generan la menor confianza entre la ciudadanía (6% y 13% respectivamente). Esto es grave por cuanto estas dos instituciones son claves para el buen funcionamiento de la democracia.

No obstante su gravedad, pareciera que los miembros del Congreso lejos de preocuparles estas cifras, hacen lo posible para seguir en el fondo de la tabla de la confianza ciudadana. No me voy a referir al intercambio verbal vergonzoso entre dos senadoras de la República ocurrido la semana pasada, sino que a cuatro artículos que fueron incorporados durante la tramitación en el Congreso y que fueron aprobados por ambas Cámaras y que demuestran un desconocimiento, falta de rigor en el análisis, irresponsabilidad y testarudez ante los distintas advertencias de los entes reguladores tales como la CMF, el Banco Central así como de un sinnúmero de expertos y especialistas que advirtieron sobre lo inconvenientes de estas medidas.

Las normas introducidas fueron el artículo 32, que se refiere a la prohibición absoluta del anatocismo y que señala que no se podrá estipular el pago de intereses sobre intereses ni su capitalización en cada vencimiento o renovación; el artículo 39 relativo al derecho al olvido financiero, que limita el uso de información sobre deudas ya extinguidas o repactadas; el artículo 40 que se refiere a la prohibición universal de pactos de pago superiores a 30 días y por último, la norma que aplica a las empresas de servicios esenciales y que establece que en zonas declaradas de catástrofe, las distribuidoras de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas de red deberán reconectar el suministro sin exigir pagos previos, incluso cuando las deudas hayan sido contraídas antes de la declaración de catástrofey sin necesidad de acreditar que el usuario fue afectado directamente por la emergencia.La norma fija un plazo de 48 horas para restablecer los servicios de electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado. Además, prohíbe el cobro por reconexión, visitas técnicas u otros costos asociados.

El Gobierno, consciente de los efectos negativos que tendrían estas medidas, decidió presentar vetos supresivos sobre las tres primeras, los que fueron aprobados por la Comisión de Hacienda de la Cámara. El problema es que la norma sobre obligatoriedad de reconexión de los servicios esenciales en zonas de catástrofe no fue incluida en los vetos presidenciales y en consecuencia se mantiene en el articulado de la ley. Esto es bastante grave porque el artículo no considera ninguna excepción por eventuales situaciones de inseguridad que dificulten el acceso, o que haya infraestructura destruida, o caminos cortados que impidan cumplir con los plazos. Asimismo, la obligatoriedad de reposición de servicio se aplica también a clientes que tengan morosidad incluso antes de la ocurrencia de la catástrofe y que por lo tanto no estaban cumpliendo con sus obligaciones contractuales.

Por último, los servicios esenciales están regulados según el modelo de empresa eficiente y la tarifa que se calcula a partir de ese modelo no contempla esta obligatoriedad de reconexión por lo que se le está traspasando un costo que no podrá ser recuperado en la tarifa y por lo tanto deberá ser asumido por la empresa, erosionando el marco legal regulatorio bajo el cual operan estos sectores regulados.

*El autor de la columna es decano de la Facultad de Economía y Administración PUC