En el inicio hubo un estadounidense de nombre William Portner que, además de estafar, escribía cuentos bajo el seudónimo de O. Henry. A fines del siglo XIX Portner, criado en Texas, huyó de sus acreedores, cruzó la frontera rumbo a Centroamérica y se estableció en un pueblo costero de la costa caribe de Honduras, en donde fue testigo del inmenso poder que tenían allí las empresas frutícolas de su país, cuyo negocio era la exportación de plátano. Fue durante su estadía en Honduras cuando Portner se inspiró y escribió un libro de relatos ambientados en una nación ficticia a la que describe como una pequeña “banana republic”. La expresión describía una realidad tangible: la del sometimiento de una nación al poder que sobre ella tienen intereses extranjeros, que son los que mueven su economía. La etiqueta acuñada por Portner resultaba una ingeniosa y juguetona síntesis de la realidad. El libro en el que aparece la frase “banana republic” fue publicado en 1904, el mismo año en que el Presidente Roosvelt reinterpreta formalmente la llamada Doctrina Monroe, establecida en el siglo XIX desde Washington como una declaración contra el imperialismo europeo, confiriéndole a Estados Unidos el poder de intervenir directamente en los países latinoamericanos si las circunstancias lo justifican.

La etiqueta “república bananera” cundió a partir de entonces en las notas periodísticas para referirse a un fenómeno que se extendía hacia el sur del continente, y demostró su alcance trágico en 1928, en Colombia, cuando el gobierno local, presionado por las compañías estadounidenses que cultivaban plátano, cometió la llamada “masacre de las bananeras” contra un número indeterminado de trabajadores en huelga, hecho recogido por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. La tradición intervencionista alcanzó otro nivel en 1954, en Guatemala, cuando Jacobo Arbenz, el presidente de ese país, fue derrocado en un golpe de Estado que contó con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. El proyecto económico de Árbenz iba directamente en contra de las compañías frutícolas norteamericanas que controlaban la mayor parte de las tierras cultivables del país. Árbenz fue reemplazado por una Junta Militar.

En el vocabulario de la burla por la insignificancia de una nación la fórmula “república bananera” ocupa un lugar destacado. La acepción más directa indica subordinación o sometimiento a la voluntad de una potencia extranjera. Está en el mismo campo semántico de palabras como “yanacona” o “cipayo”, usadas en Latinoamérica para acusar servilismo. Por lógica implica una debilidad original para sostener la propia soberanía y autonomía, algo que por extensión llevó a una segunda acepción en el uso común de la etiqueta: retrata a un país indigno de respeto, con instituciones políticas y judiciales frágiles, un lugar en el que quien manda es el más fuerte o es quien tiene más dinero.

Nuestro país, como tantas otras naciones, no es una gran potencia central. Aún más, nuestra disposición geográfica es periférica, nuestra población, pequeña, y nuestro territorio, por su forma, vulnerable. La posibilidad de contrapesar esa debilidad depende en gran medida de la eficiencia de los gobiernos para desenvolverse en el concierto internacional, establecer alianzas perdurables, ejercer la diplomacia con solvencia, participar de foros y fortalecer organizaciones internacionales que sirvan de contrapeso a los intereses de los más fuertes. Sin embargo, existe un sector político en auge global que, junto con adjudicarse el monopolio del patriotismo de cada país, sostiene discursos en contra de todo aquello que, como el derecho internacional, nivele o balancee la posibilidad de que las grandes potencias pisoteen los intereses de las naciones más débiles o pequeñas, asumiendo que tal cosa es inútil o innecesaria, sobre todo cuando quien gobierna la gran potencia cercana, en nuestro caso Estados Unidos, mantiene afinidad ideológica con el gobierno local de turno. Es lo que parece haber pensado el Presidente José Antonio Kast respecto de su cercanía ideológica con el Presidente Donald Trump, cuya consideración con su gobierno y con Chile ha quedado retratada en un alza de aranceles que hizo vista gorda de los tratados comerciales. La justificación de los nuevos gravámenes -que afectan, entre otros sectores, a la exportación de frutas- no se sostiene más que como una presión para que nuestro país tome distancia de China, su rival declarado. El poder coercitivo de esa presión económica está al menos disimulado por excusas técnicas. Un subterfugio que no tiene, por ejemplo, el evidente desdén hacia el gobierno local, y por extensión al país, que expresan las constantes declaraciones de Brandon Judd, el actual embajador de Estados Unidos en Chile.

El embajador Judd ha entrado en la política interna sin disimulo, con señalamientos en contra de los ministros, difundiendo una versión sobre las causas del estallido de 2019 sin prueba ni documentación que respaldara sus afirmaciones, asistiendo a foros partidistas en donde se insulta a un amplio sector de la ciudadanía local, ignorando las reconvenciones hechas por el canciller en ejercicio y comentando los desafíos internos en relación con el crimen organizado. El embajador no actúa como un diplomático, sino como un activista político o como el policía de frontera que en realidad es. Un alguacil enviado a patrullar una “banana republic” a la que trata como tal, de lo que se concluye que fue advertido que para cumplir el encargo ni siquiera es necesario guardar las formas, porque el aliado predilecto en esta parte del continente es otro. Todo indica que la sintonía ideológica del actual gobierno chileno con el del Presidente Trump no servirá de nada para merecer un mejor trato como país, y que hacer grande a Estados Unidos de nuevo pasa por refrescar el tipo de relación que tradicionalmente ha tenido Washington con el sur de continente, solo que en esta versión, sin tapujos, ni modales ni excusas.