La muerte de niños baleados en los últimos días ha estremecido al país, provocando una ola de rabia, miedo y frustración.

Los familiares de dos de aquellos niños fueron esta semana a La Moneda a reunirse con el Presidente Piñera y, según declararon a la salida, le solicitaron la reposición de la pena de muerte.

Algunas voces del mundo político inmediatamente se sumaron. La diputada Camila Flores, de RN, no solo se mostró favorable a la idea, sino que recordó que en 2018 ella promovió la reposición de esta para casos de violación con homicidio de menores. Su propuesta, en 2018, obtuvo un rotundo rechazo en la Cámara Baja: 109 votos en contra, 15 abstenciones y 15 votos a favor, todos de diputados de derecha.

La diputada Pamela Jiles, del Partido Humanista, también se expresó sobre el tema vía Twitter: “Declaro responsablemente que soy partidaria de la pena de muerte en casos de crímenes de alta gravedad que afectan a niños, niñas y adolescentes”. (El tuit más tarde fue borrado, pero se viralizó durante varias horas en redes sociales).

Ambas diputadas se suman a otros parlamentarios y políticos que, desde la derogación de la pena de muerte en Chile en 2001, han llamado a reponerla en distintas ocasiones y tras crímenes de alto impacto, como Iván Moreira (2019) y Erika Olivera (2017), entre otros.

Pero así como es totalmente comprensible el dolor de los padres y familiares de niños asesinados, no resulta comprensible que haya políticos que intenten movilizar el dolor de las personas para plantear como solución una medida como esta, que es contraria a la doctrina de los derechos humanos, además de ser inefectiva para evitar estos crímenes. Para comenzar, no existe como posibilidad en Chile, pues -tal como explicó de inmediato y certeramente el ministro de Justicia, Hernán Larraín-, de acuerdo al artículo cuarto del Pacto de San José de Costa Rica, no se puede extender la pena de muerte a casos que no la contemplan. Ni siquiera en la nueva Constitución se podría revertir esto, pues en esta se contempla el respeto a los tratados internacionales ya firmados por Chile. Los y las parlamentarias que promueven la pena de muerte lo saben -o debieran saber.

Segundo, no es una medida efectiva para combatir estos crímenes. No baja los índices de criminalidad ni evita el horror. Y, frente a la posibilidad de error en la condena, es una medida irreversible. Como explicó esta semana la abogada y experta en derechos humanos Catalina Fernández Carter, la abolición (o derogación en el caso chileno) se fundamenta principalmente en tres principios: “La moral, entendiendo que ningún ser humano es superior para quitar la vida a otro, también la tasa de error que mantiene el sistema judicial, que podría llevar a declarar la pena de muerte a personas inocentes y, por último, que dicha pena no tiene una real efectividad en reducir delitos”, declaró a la Radio Universidad de Chile.

Promoverla como solución a estos crímenes aberrantes es, además, revertir un avance que costó muchos años lograr. Desde el retorno a la democracia la Concertación intentó suprimir esta ley, que fue promulgada en 1875 y que en los 100 años en que rigió efectivamente fusiló a 58 personas.

Pero en los primeros dos gobiernos no fue posible hacerlo, pues senadores designados y parlamentarios de derecha estaban cerrados a esta idea. Hasta que en 2001 se promulgó definitivamente la Ley 19.734, en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos. Alberto Espina, entonces diputado, votó en contra y declaró que “los delincuentes se sentirán más tranquilos y la gente decente se sentirá amedrentada”. Pero ya era ley, una irreversible. La pena de muerte fue reemplazada por presidio perpetuo calificado, que contempla 40 años de privación de libertad efectiva.

El hito fue celebrado en Chile y también en Roma, donde la comunidad San Egidio -que ha recolectado millones de firmas por todo el mundo para eliminar la pena de muerte- organiza una iluminación del Coliseo romano, símbolo de la muerte, cada vez que un país alcanza ese hito. Marcia Scantlebury, miembro de San Egidio entonces, estuvo presente ese día en Roma. La destacada periodista chilena fue víctima de torturas durante la dictadura militar. A pesar de haber sufrido brutales daños por parte de agentes del Estado, es una gran activista por la abolición de la pena capital, y una voz imprescindible en materia de derechos humanos.

Su ejemplo inspira. Frente a la profunda rabia y dolor que provocan crímenes como los de los niños baleados, la respuesta política seria y responsable no es canalizar el dolor y el clamor ciudadano hacia las aguas desbordadas y sin fondo de la ira y la revancha, sino hacia las de la justicia, la reparación y el apego irrestricto a los derechos humanos.