El gobierno está empujando una era de “austeridad”, no en el sentido virtuoso de prudencia en el gasto, sino en el de forzar recortes cuyos costos macroeconómicos, sociales y políticos pueden ser altos.

El punto de partida importa. En Chile existe una demanda real por más y mejores servicios públicos, desde seguridad hasta protección frente a riesgos que las personas no pueden enfrentar solas. Un ajuste fiscal de 2% del PIB pone necesariamente presión sobre esas funciones. Y eso tiene consecuencias.

El problema chileno no es, ante todo, un desborde del gasto. Es un problema de crecimiento. Excluyendo intereses y pensiones, entre 2015 y 2024 el gasto público creció en promedio 3,9% al año, mientras la recaudación neta de impuestos lo hizo en 3,4%. Esa diferencia difícilmente describe una crisis de gasto. Describe, más bien, una economía que crece poco.

Si el PIB hubiera crecido apenas 0,6% más por año —que es del orden del error medio de estimación del Comité de PIB Tendencial— el problema fiscal sería hoy bastante menor. Con más crecimiento, los ingresos públicos aumentan y, además, bajo la regla fiscal, el gasto comprometido también enfrenta una restricción más clara. El desequilibrio fiscal chileno es, en buena parte, la otra cara del bajo crecimiento.

Por eso, insistir en un ajuste que podría llegar a 8,7% del gasto público excluyendo intereses obliga a recortar gastos valorados por la ciudadanía. Por supuesto que hay ineficiencias, duplicidades y mala gestión. Pero eso exige una reforma del Estado, no una poda lineal. Reformar el Estado, como han propuesto recientemente el CEP, la UC y la CPC, es más lento y menos vistoso, pero mucho más efectivo.

La experiencia europea de la década pasada debería servir de advertencia. Apostar a una “austeridad expansiva” en una economía débil es una apuesta riesgosa. Primero, porque el recorte de gasto es contractivo. Segundo, porque la presión por recortar deteriora la calidad del gasto y castiga con facilidad la inversión pública. Tercero, porque si los costos se perciben como injustos, la cohesión social se resiente y la polarización política aumenta.

Chile necesita un foco procrecimiento. Eso supone detener el ajuste fiscal y pasar a la reforma del Estado y concentrar la discusión tributaria en lo que realmente puede elevar inversión y actividad. La reducción del impuesto corporativo va en esa dirección pero debe estar bien acompañada: una invariabilidad tributaria razonable, más corta y condicional, menor tributación a las ganancias de capital en cualquier acción transada para no seguir fragmentando el financiamiento empresarial y un incentivo efectivo a la formalización del empleo. Hay que quitarle exuberancia al resto del paquete tributario para que resalte lo procrecimiento.

Sin crecimiento no habrá consolidación fiscal sostenible, sino que podemos entrar en la trampa de la austeridad macro y lograr exactamente lo contrario de lo que Chile necesita.

Por Guillermo Larraín, FEN U. de Chile