Los sectores pesquero y acuícola están expectantes ante las definiciones que debe ir tomando el gobierno de José Antonio Kast en distintas materias relativas a sus intereses y requerimientos.

En el caso de la pesca tradicional, la administración actual heredó dos grandes temas del Ejecutivo anterior de Gabriel Boric: la implementación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero ya vigente y la tramitación de una nueva ley general de pesca que se encuentra actualmente en el Congreso.

La primera enfrenta acciones legales por parte de varias empresas pesqueras, llegando hasta unos US$ 600 millones la indemnización que piden algunas compañías. Blumar, Camanchaca y Landes anunciaron y están concretando demandas en contra del Estado, acusando un cambio de reglas y una esopecie de expropiación regulatoria. En simple, lo que hizo la Ley de Fraccionamiento Pesquero fue traspasar recursos de las grandes pesqueras industriales a los pescadores artesanales.

Además, en diciembre de 2023 el gobierno de Boric sumó a lo anterior el anuncio del envío al Paralemento de un proyecto de nueva ley general de pesca -lo que se concretó en enero de 2024-, en cuyos ejes se definía el desarrollo sostenible de la actividad pesquera, equidad, protección social para los pescadores artesanales y un enfoque científico-técnico.

A fines de marzo pasado, la subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Subpesca) de la administración Kast retiró la tramitación de dicha iniciativa. Según se explicó en ese momento, el objetivo de ello era someterla “a un proceso de estudio y perfeccionamiento, y no desecharlo en su totalidad”.

Sin embargo, ahora el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, en entrevista con Pulso, anuncia que ese proyecto de ley general de pesca no va más y que no será reingresado al Congreso, explicando las razones al respecto. “Era un proyecto refundacional que quería reemplazar íntegramente la ley de pesca por otra”, acusa.

Por su parte, en lo que se refiere a la Ley de Fraccionamiento Pesquero, la autoridad afirma que no pueden cuestionar ese cuerpo legal, por lo que “no hay vuelta atrás en el fraccionamiento”.

Finalmente, entrega su visión sobre las propuestas contempladas en la megarreforma que ingresó la semana pasada el gobierno al Parlamento, y que incluye medidas para la industria acuícola.

¿Cuál es la postura del actual gobierno frente a la ofensiva legal de las empresas pesqueras por la Ley de Fraccionamiento Pesquero?

-Nuestra postura es que aquí hay demandas que van contra el Estado de Chile y la defensa judicial del Estado de Chile la tiene el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por lo tanto, hay que dejar y apoyar, obviamente, el trabajo que haga el CDE.

Dicho eso, nosotros como Subpesca hemos apoyado la labor del CDE con todos los insumos que se nos ha requerido, hemos tenido reuniones con ellos y todo lo que ha sido requerido lo hemos puesto sobre la mesa para que puedan hacer su trabajo de la mejor forma posible.

Evidentemente, la judicialización de este tipo de acciones es algo que no es de corto plazo. Probablemente, estas demandas van a durar años.

El año pasado los personeros que hoy están en la administración Kast eran opositores a esa ley, por eso la pregunta respecto de con qué fuerza van a defender estas causas...

-Nuestra posición es que la Ley de Fraccionamiento Pesquero es ley de la República, eso es evidente. No podemos cuestionar la ley, sino que al contrario, nuestra labor acá es implementar la ley y cumplirla. Nuestra posición como gobierno es que no hay una vuelta atrás en el fraccionamiento pesquero, en eso hay que ser muy claro. Tenemos más bien la tarea de resolver todas las preguntas pendientes respecto a la implementación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, que son muchísimas.

La verdad es que el gobierno anterior... nosotros nos encontramos al 11 de marzo con un montón de preguntas sin resolver en materia de Ley de Fraccionamiento Pesquero. Para ser más específico, nos encontramos con preguntas sin resolver respecto de, por ejemplo, cómo se distribuía el porcentaje de aumento de la facción de la pesca artesanal.

Hemos tenido que hacer un tremendo trabajo, muy desgastante, para poder dar certeza también a los actores de la pesca artesanal acerca de cómo se va a distribuir ese aumento que se le dio en virtud de la Ley de Fraccionamiento Pesquero. Pero en cuanto a cuestionar el fraccionamiento como tal, no está entre nuestros planes.

Ahora, desde luego que si los tribunales de justicia determinan algo o fallan en cuanto a lo que estas demandas pretenden, por supuesto que hay que acatar los fallos de la justicia.

¿Cuando dice que no hay vuelta atrás con el fraccionamiento, está planteando que no están pensando en ingresar ningún tipo de reforma o cambio a esta ley?

-Correcto. No, no está entre nuestros planes. En la agenda de nuestro gobierno no está previsto para nada modificar el fraccionamiento que dispuso la ley. Tenemos otras tareas por delante en las cuales queremos enfocar nuestro esfuerzo, por lo tanto, no habrá un cuestionamiento a eso.

Retiraron el proyecto de nueva ley general de pesca del Congreso. ¿En qué está ese proceso, quieren ingresar otro modificado?

-No, en esto también quiero ser bien claro. No va a haber un nuevo proyecto de ley de pesca, eso no está en nuestros planes tampoco. Hemos retirado el proyecto de ley que había ingresado el gobierno anterior por dos razones. Primero, porque buena parte de ello se sacó de ese proyecto de ley original y se llevó a lo que hoy día es la Ley de Fraccionamiento Pesquero. Y tal como han dicho -incluso exautoridades del gobierno pasado-, la Ley de Fraccionamiento corrige lo que el sector artesanal consideró por mucho tiempo como una injusticia en la distribución de la cuota global. Entonces, el principal problema que había ya está resuelto.

Pero lo más importante es porque -y esta es la otra razón- el resto del proyecto tenía, primero, ideas que no compartimos en absoluto, tanto por motivos técnicos como políticos, y en segundo lugar porque era un proyecto refundacional que quería reemplazar íntegramente la Ley de Pesca por otra. No nos parece que es la forma de avanzar. No se avanza reemplazando leyes íntegramente por otras, especialmente en un sector tan sensible como es la pesca.

Se avanza modificando y construyendo sobre lo que ya tenemos. Es verdad que la Ley de Pesca es perfectible, tiene muchos defectos, por cierto, pero la iremos mejorando con proyectos específicos acotados a las necesidades que tiene el sector. Entonces, ese es nuestro norte.

Por tanto, no va a haber una nueva ley de pesca, es la misma ley que tenemos del año 91, que se ha modificado muchísimas veces -más de 30 veces- y que la seguiremos perfeccionando, logrando los consensos y los acuerdos necesarios.

La megarreforma del gobierno contempla tres propuestas para la acuicultura. ¿Qué objetivo final tienen?

-Estamos trabajando desde que asumimos en crear un conjunto de medidas que se orienten a fortalecer la competitividad en la acuicultura y a destrabar inversiones a través de otorgar certeza jurídica en muchos aspectos que pueden ser mejorados de manera sustantiva. La meta final es posicionar al sector como lo que es, un pilar estratégico de la reactivación económica en Chile.

En la pesca no es llegar y sacar más pescado, derechamente. Tenemos buena parte de nuestros recursos bastante tensionados. Muchos de ellos son explotados, casi la mitad. Entonces, no es llegar y simplemente sacar más pescado del agua, pese a que vamos a explorar algunas opciones dentro de la pesca para dar más valor. Pero en la acuicultura, en cambio, tenemos mucho potencial para poder crecer aún de manera sustentable y para agregar más y mejor producción. Todas las medidas al final apuntan a eso.

¿Cómo ven el trabajo legislativo al respecto?

-Estamos optimistas. En lo que se refiere a las reformas que pretenden apoyar o incentivar la productividad en el sector acuicultor, creemos que son propuestas bien acotadas y bien sensatas, y que tendrán un efecto positivo en la productividad. Entonces, no veo cómo podría haber oposición a que con esta reforma acotada avancemos en un camino en que todos queremos avanzar, que es destrabar proyectos de inversión que van a tener beneficio no solamente para el ecosistema donde funcionan sectores acuicultores, sino que también van a rebotar en mayor productividad y beneficio para la región en las cuáles operan, incluyendo en la generación de empleos.

¿Tienen una alta expectativa de que pueda avanzar, al menos esta parte del proyecto...?

-Sí, exactamente. Por supuesto que es verdad que estas modificaciones están insertas en un proyecto que es más complejo, que es más largo, y la verdad es que siempre es difícil vaticinar cómo será la discusión parlamentaria, pero al menos estas reformas creemos que deberían llegar a buen puerto en un tiempo prudente, razonable.