La Fiscalía de Alto Hospicio formalizó a 10 imputados detenidos en el marco de una investigación por la venta fraudulenta de licencias de conducir, causa desarrollada junto a la Policía de Investigaciones.

Los imputados fueron formalizados por los delitos de asociación criminal, cohecho, soborno, lavado de activos y obtención y falsificación de licencias de conducir.

De acuerdo con la investigación, se trata de una organización criminal integrada por funcionarios municipales y externos, quienes habrían gestionado licencias de conducir obtenidas de manera fraudulenta a cambio de pagos que iban entre los $600 mil y $1 millón.

“Hoy concluimos tres extensas jornadas en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, donde se llevó a cabo el control de detención, la formalización de cargos y también la discusión de medidas cautelares respecto de los diez imputados”, señaló el fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza.

Según detalló el persecutor, el tribunal tuvo por acreditados los delitos formalizados, entre ellos asociación criminal, lavado de activos, cohecho, soborno y delitos de la Ley de Tránsito para gran parte de los imputados.

La indagatoria, realizada junto a las brigadas Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) y de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, estableció que la organización operaba desde el año 2022.

Según la Fiscalía, el grupo era liderado por la imputada de iniciales N.X.V.A., quien junto a su cónyuge, su hija y su hijo habría entregado beneficios económicos a funcionarios de la Dirección de Tránsito.

A cambio, los funcionarios públicos imputados habrían facilitado la tramitación, aprobación y otorgamiento de licencias de conducir a personas que no cumplían con los requisitos legales.

La Fiscalía también sostuvo que la líder de la agrupación coordinaba con una imputada que trabajaba en una escuela de conductores de Iquique, para obtener certificados de aprobación de cursos de conducción, requisito necesario para licencias profesionales.

De esta forma, terceros habrían obtenido licencias sin rendir pruebas teóricas o prácticas, sin realizar cursos de conducción en el caso de licencias profesionales, con certificados de residencia falsos en algunos casos y sin respetar los plazos del proceso.

Respecto de las medidas cautelares, el tribunal decretó la prisión preventiva de ocho imputados, entre ellos la presunta líder de la organización, su cónyuge, sus hijos y funcionarios públicos investigados.

En dos de esos casos, la privación de libertad fue decretada por peligro de fuga, fijándose una caución para cada uno. En tanto, otro funcionario quedó con arresto domiciliario total.

La Fiscalía apeló verbalmente respecto de estos tres últimos casos, por lo que será la Corte de Apelaciones la que deberá resolver finalmente su situación cautelar.

La imputada que se desempeñaba en la escuela de conductores también quedó con arresto domiciliario total, medida que había sido solicitada por el Ministerio Público.

El fiscal Arriaza informó además que aún resta determinar el monto total defraudado y las utilidades obtenidas por la organización, debido a que la investigación se mantiene en desarrollo.

“Todavía no tenemos acceso a la totalidad de las cuentas, sin perjuicio del avance de la investigación”, explicó.

Hasta ahora, el Ministerio Público solicitó y obtuvo el congelamiento de más de 50 cuentas bancarias, diligencia desarrollada junto a la PDI.

La investigación se mantiene bajo reserva debido a diligencias pendientes.