Los dichos formulados por un panelista de TV, donde acusó que una ministra del gabinete del Presidente José Antonio Kast fue la amante de un hombre casado con cuatro hijos, en virtud de lo cual “destruyó ese matrimonio y se quedó con ese hombre”, han generado toda una ola de especulaciones sobre quién sería la protagonista de esta historia, así como un debate si acaso corresponde una acusación de este tipo. Justificó sus dichos como respuesta a las actitudes del Mandatario, a quien describe como alguien identificado con un perfil religioso muy conservador, que le ha “quitado apoyo” a minorías históricamente discriminadas, pero que a la par mantiene dentro de sus colaboradoras a alguien que actuó de una manera que no sería consistente con ese estándar moral.

Declaraciones de este tipo ciertamente que constituyen una enorme irresponsabilidad, que obligan a trazar límites claros entre lo que constituyen aspectos que objetivamente ameritan ser expuestos públicamente -porque tienen el poder de afectar el desempeño de un cargo-, versus los espacios propios de la vida privada e íntima que no tienen efectos para el ejercicio de cargos públicos. Por de pronto, no hay ninguna certeza de que lo aseverado por el panelista sea efectivamente así, pero aun en el evento de que lo señalado se ajuste a la realidad, no se ve en qué medida ello podría afectar el desempeño del cargo de ministra de Estado, puesto que son hechos que en todo caso se circunscriben a la vida privada de las personas. Con todo, al ser presentados con características de escándalo, desde luego resultan muy dañinos para la honra de quienes se han tejido todo tipo de especulaciones.

Estamos aquí frente a un nuevo caso que ilustra los escasos o inexistentes límites éticos que se observa sobre todo en las redes sociales, donde con preocupación se advierte que prevalece aquello de “todo vale” con tal de conseguir seguidores o “likes”, marcando un claro contraste con lo que ocurre en el caso de los medios de comunicación tradicionales, donde no solo debe existir una verificación elemental de los hechos que se informan, sino que estos se rigen por códigos estrictos sobre lo que constituye un hecho de interés público y por tanto que justifica darlo a conocer.

En efecto, para la ciudadanía debería resultar decidor que en general ningún medio de comunicación se ha hecho cargo de estos dichos temerarios; ello es reflejo de que en los medios hay conciencia de la importancia de no traspasar los límites de la vida privada en la medida que se trate de hechos que no afecten el desempeño de un cargo o bien que tengan objetivas repercusiones en la esfera pública, todo lo cual vuelve a recordar que las redes sociales, pese a las innegables ventajas que representan para la difusión de contenidos y la instantaneidad de las comunicaciones, aún distan de ser fuentes confiables para la información.

Pese a lo lamentable de este episodio, al menos ha servido para ilustrar con claridad las líneas que no se deben cruzar cuando se trata de informar acerca de la vida privada de las personas, así como la falta de límites y rigor que caracteriza a las redes sociales.