Por Juan Ignacio Brito, periodista

¿Puede un medio informativo ignorar disposiciones legales o reglamentarias para conseguir una exclusiva? Depende. Antes de decidir, debe formularse al menos dos preguntas: ¿Hay involucrado un interés público evidente y urgente? ¿Se agotaron las vías institucionales para acceder a la fuente o la información buscadas?

Es difícil saber si los editores del programa “Mentiras verdaderas” de La Red se plantearon estas dudas antes de poner al aire al frentista Mauricio Hernández Norambuena. Según Gendarmería, ni el canal ni el entrevistado solicitaron los permisos correspondientes y habrían usado una garantía concedida con otro fin. Existe un procedimiento definido para autorizar entrevistas de presos, pero no fue respetado.

El desafío a los protocolos es parte, en ocasiones, de la labor periodística, especialmente cuando se da voz a quien no la tiene o se revelan hechos que permanecen ocultos pese al derecho de la gente a saber. Se trata, sin embargo, de excepciones que no hacen la regla. Los medios deben entender que las razones para incumplir las normas deben ser muy poderosas: que el interés público involucrado sea evidente e incontestable y que el acceso a la fuente esté bloqueado.

No parece ser el caso de la entrevista a Hernández Norambuena. No se hizo el intento de llegar al entrevistado a través de Gendarmería y resulta difícil distinguir cuál es el interés público que se buscaba a satisfacer. El frentista ha declarado en el pasado de manera similar a como lo hizo en La Red, por lo cual sus palabras representan una novedad solo marginal. Tampoco hay para la entrevista una necesidad urgente, pues hablamos de una cosa juzgada y fuera del debate actual.

Cuesta, entonces, encontrar buenas razones que justifiquen la decisión de La Red de pasar por encima de protocolos para obtener esta “primicia”. Más todavía si se consideran otros riesgos obvios, como darle minutos a una persona condenada por delitos gravísimos de carácter terrorista. Existe amplia tradición periodística en cuanto a que el tratamiento al terrorismo y a los que lo practican exige tomar resguardos que en esta ocasión no fueron adoptados.

Más que un ejercicio de audacia justificada en defensa de un bien superior, la entrevista a Hernández Norambuena parece una imprudencia.

Los periodistas y editores deben tener conciencia de que cuentan con un acceso a fuentes y situaciones del que carece el resto de la comunidad. La legislación y la práctica avalan ese privilegio, entendiendo que está en juego el derecho de las personas a estar informadas. Pero el abuso de esa prerrogativa desprestigia la labor periodística, sirve mal al público y alienta que se dicten normas perjudiciales. El buen periodista no es el que hace lo que quiere, sino aquel que actúa apegado a las normas de su noble profesión.