Ha sido motivo de controversia los criterios que definió la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional para efectos de llevar a cabo las audiencias públicas ante dicha instancia. En particular, porque si bien era necesario establecer algún tipo de filtro -atendido que se recibieron más de 1.700 peticiones de audiencia-, el enrevesado mecanismo que se eligió dejó fuera a varias instituciones cuya visión resultaría importante de ser escuchada al momento de discutir las futuras normas constitucionales.

Para efectos de elegir a las personas e instituciones que serán recibidas, la Comisión recurrió al mecanismo de sorteo, pero los requisitos establecidos para poder participar en éste -que se trata de actores históricamente excluidos, que hubiese representación territorial así como por tipo de organización, entre otros factores- dejaron fuera a gremios como la CPC, el Consejo Minero, varias universidades y una serie de expertos tributarios, lo que naturalmente ha causado la molestia y perplejidad de las entidades afectadas.

Parece difícil sostener que se trata de un criterio estrictamente aleatorio cuando en la práctica se diseñó un sistema que deja fuera a entidades importantes, entre ellas, a las que tradicionalmente representan al mundo empresarial. Es atendible que la Convención busque dar igualdad de trato a todas las personas y organizaciones que han solicitado audiencia -que son varias miles-, pero dicho principio debe también armonizarse con la importancia de que organizaciones que ya juegan un rol importante en el país y que representan la legítima visión de un sector, así como los aportes que puedan hacer desde el saber técnico, encuentren cabida.

Es razonable que tratándose de la comisión encargada de abordar el modelo económico y ambiental que estará plasmado en la futura Constitución -entre otras materias, aquí se tratará el estatuto constitucional relativo a minerales, agua y energía; el desarrollo sostenible y la crisis climática- los principales gremios empresariales puedan entregar sus aportes y puntos de vista, como asimismo otras instancias de probada calidad académica y que llevan a cabo investigación. Los criterios de participación requerirían entonces mecanismos más finos de elaboración, donde junto con dar la chance a través de sorteos, también se asegure que los actores clave de cada sector del país puedan ser escuchados en cada una de las comisiones temáticas.

Es importante que la Convención procure que los constituyentes tengan acceso a los variados puntos de vista y aportes técnicos, porque de esa forma el debate constitucional se enriquece y se asegura de mejor forma el objetivo de lograr un texto de amplio consenso. Asimismo, es fundamental que la entidad transmita a la sociedad que todos los sectores cuentan con las debidas garantías de participación, sin exclusiones de antemano, lo que por cierto es fundamental para afianzar la confianza en el trabajo que lleva a cabo la Convención. Si bien al interior de la instancia hay núcleos radicalizados que buscarán imponer visiones excluyentes, la forma en que se ha desarrollado la presente campaña presidencial, que ha derivado hacia la moderación y la búsqueda de estabilidad, debería ser también una señal para el trabajo de la propia Convención, en cuanto a la importancia de favorecer un sano equilibrio.