Por Iván Arcos, socio de Moraga & CIA

En noviembre de 2020, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio para analizar el funcionamiento del mercado del gas en Chile. Específicamente, el foco del estudio era el análisis del gas natural y del gas licuado de petróleo. En abril del presente año, un grupo de diputados ingresó un requerimiento a la misma Fiscalía denunciando una eventual colusión de las empresas distribuidoras de gas licuado. En julio, en el Parlamento se constituyó una comisión investigadora respecto a la libre competencia en el mercado de los productos ofrecidos para el suministro de gas residencial bajo la modalidad de gas licuado de petróleo, gas que por lo demás se utiliza en el 80% de las comunas del país. En esta comisión, el propio Fiscal Nacional expresó que el reporte iniciado el año pasado obedecía a que existían razones para estimar que la competencia podría “no estar funcionando en forma adecuada” en esos mercados. En octubre, de manera preliminar, la FNE indicó que en el mercado del gas licuado de petróleo “el precio de este combustible es superior al que debería existir en un mercado competitivo”, pagando los consumidores un sobreprecio de 15% por cada balón vendido, lo que además le ha permitido a los distribuidores mayoristas aumentar, entre los 2014 y 2020, sus márgenes de ganancia desde un 34% a un 53%.

Dada esta situación, la FNE propuso prohibir que Abastible, Lipigas y Gasco puedan vender gas licuado a los clientes finales, con el fin de que estos distribuidores mayoristas se “esforzaran” para lograr que los distribuidores minoristas quisieran vender sus cilindros o balones de gas, aumentando así la intensidad competitiva en este mercado.

El 29 de noviembre, la Contraloría General de la República se pronunció respecto a la posibilidad de que los municipios pudieran vender gas a los vecinos de sus comunas, es decir, transformarse en distribuidores minoristas de este producto, lo que implicaría el ingreso de más actores en ese mercado. Con su pronunciamiento, la Contraloría le cerró la puerta a esta posibilidad, indicando que, al ser la venta de este producto una actividad empresarial, los municipios requerían ser autorizados por una ley de quórum calificado para llevarla a cabo, ley que por lo demás a la fecha no existe. Al día siguiente, y haciendo eco de lo recomendado por la FNE, un grupo de parlamentarios anunció el ingreso de un proyecto de ley, donde se establecía la prohibición total para que cualquier distribuidor mayorista de gas licuado de petróleo realizara funciones de distribuidor minorista; nadie dijo nada respecto a los municipios.

Actualmente, el proyecto de ley anunciado aún no ha sido ingresado, y tampoco hay indicios de que exista intención de autorizar a los municipios, por vía de una ley, a vender gas licuado de petróleo. La FNE solo se ha limitado a realizar recomendaciones y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, órgano que debe fiscalizar el transporte, almacenamiento y distribución de este producto, ni siquiera se ha pronunciado, como tampoco lo ha hecho el Ministerio de Energía. Es decir, ha pasado más de un año y el problema del gas sigue estando exactamente igual. Lamentablemente, después de todo lo que ha pasado, a los consumidores solo les queda seguir esperando y ver qué hará el nuevo gobierno que asumirá en marzo.