Los datos más recientes de la Casen 2024 confirman que el cuidado se ha ido transformando en uno de los principales desafíos sociales y económicos del país. En Chile existen actualmente cerca de 550 mil personas cuidadoras, de las cuales alrededor de 355 mil cuidan a personas mayores de 65 años. Se trata de una tarea mayoritariamente invisible, altamente feminizada y concentrada en hogares de menores ingresos, con efectos directos sobre la participación laboral y el bienestar de quienes cuidan.

La magnitud del problema aumenta rápidamente con la edad. El 17,6% de las personas de 65 años y más presenta dependencia funcional; de ellas, cerca del 89% cuenta con cuidador. En edades más avanzadas, la situación es aún más exigente: el 41% de las personas de 80 años y más es dependiente, y más del 92% tiene cuidador.

Un gran problema es que, en la práctica, el sistema de cuidados en Chile descansa fuertemente sobre las familias, ya que el 48% de los mayores de 65 años con dependencia funcional es cuidado exclusivamente por miembros del hogar y solo el 16% tiene como único cuidador a una persona externa al hogar. Entre los cuidadores de adultos mayores que pertenecen al hogar, ya sea de manera exclusiva o con ayuda externa, se observa que cerca del 70% son mujeres, solo el 33% está ocupado y el 38% son, a su vez, mayores de 65 años.

Desde la perspectiva fiscal, el actual “bajo gasto” en cuidados es en realidad un traspaso de costos al sector privado. La ausencia de un sistema robusto de cuidados no elimina el costo del cuidado: simplemente lo desplaza hacia los hogares, con pérdidas de productividad y mayores riesgos de pobreza (66% de los cuidadores miembros del hogar pertenece a los dos primeros quintiles de ingreso). A medida que la población envejece, esta estrategia se vuelve crecientemente insostenible.

Tal como advierte la Dirección de Presupuestos en su informe de proyecciones de largo plazo (2026), Chile enfrenta una fuerte caída de la natalidad y un rápido envejecimiento de la población, lo que implica menos hijos por hogar y, por lo tanto, menos potenciales cuidadores disponibles en el futuro. En otras palabras, el país está avanzando hacia un escenario en el que habrá más personas que necesitan cuidados y menos personas disponibles para proveerlos. Al mismo tiempo, el Estado enfrentará mayores presiones fiscales por envejecimiento, salud y pensiones. Persistir en un modelo basado casi exclusivamente en cuidado informal no solo es socialmente injusto, sino también macroeconómicamente miope.

Si no se actúa a tiempo, la crisis de natalidad se transformará inevitablemente en una crisis de cuidados. Persistir en un modelo basado casi exclusivamente en el cuidado informal no sólo es socialmente injusto, sino también insostenible desde el punto de vista económico y demográfico. Anticiparse a esta realidad exige políticas de cuidado robustas —como la incorporación de un seguro de dependencia severa— y una discusión honesta sobre cómo distribuir de mejor manera una responsabilidad que hoy recae, silenciosamente, en los hogares.

*La autora de la columna es investigadora en el centro de estudios Horizontal