Ira es la palabra que mejor resume el estado de ánimo que muchos tenemos tras conocer el caso de funcionarios que viajan durante sus licencias. Según un informe de la Contraloría, 25.078 funcionarios públicos habrían salido de Chile en circunstancias que estaban con licencias médicas. Existe la sospecha que muchas de ellas además eran truchas. La ira es un potente detonador de acción, pero pensemos en las consecuencias cuando la ira actúa de manera ciega y apresurada.

He oído decir que esta es una prueba más de que el Estado es la causa de todos los males y que el fraude podría llegar a unos US$ 300 millones, lo que equivale a un hospital de alta complejidad. La moraleja sería que, si achicamos el Estado, brotarán los hospitales a razón de uno al año. Ese puñado de médicos corruptos y funcionarios públicos flojos y aprovechadores solo atiza el fuego al argumento de Bastiat que en el siglo XIX señalaba que “El Estado es la gran ficción mediante la cual todos intentan vivir a expensas de todos los demás”.

Ya veremos finalmente cuántos son los corruptos y ladrones, solo sabemos el número máximo en este caso: 2,7% de los funcionarios del gobierno central, municipalidades y empresas públicas. Debiera ser 0%, pero 2,7% como máximo no es “el Estado”. La cota de US$ 300 millones son un reflejo del costo que los ciudadanos sufren porque los jardines infantiles (la Junji y la Fundación Integra lideran la lista por bastante) atienden menos horas o con menos personal, las colas son más largas de lo debido en el hospital o en el municipio.

La ira debe servirnos para que la “reforma del Estado” adquiera relevancia política. Un buen Estado es clave para el desarrollo nacional: un Estado sofisticado, profesional, eficiente y vocacional es esencial para que Chile se desarrolle. Pero mientras, el funcionario público es un ser humano como cualquiera, la función pública es especial. Debe tener un marco institucional apropiado. Es lo que busca el Estatuto Administrativo, pero lo hace mal, es anticuado. Es verdad que es necesaria más flexibilidad para el despido, pero es mucho más complejo. La primera reforma, es que el artículo 1 de un nuevo código administrativo señale que el Estado está para servir a los ciudadanos.

El problema es también el sistema judicial, porque su lentitud hace que se lo perciba como corrupto. A pesar de que tenemos una gran población penal, pareciera que no hay sanciones. Sobre esa base, muchos creen que no importa violar la norma porque es como un pequeño acto de justicia a favor de uno mismo.

En este caso, he oído a gente decir “que se liberen todos los nombres”. Entonces me acordé de la canción “Llegó volando” de Patricio Manns, que dice “un paredón exijo de cal y canto, para que el pueblo juzgue de tanto en tanto”. Los tribunales populares nunca se han caracterizado por ser justos. El Poder Judicial también está al debe con su reforma y no se aprecia un movimiento interno que la promueva. A ver si la ira actual también sirve para esa reforma tan necesaria.

Por Guillermo Larraín, FEN Universidad de Chile