Entre las primeras definiciones que ha entregado el presidente electo Gabriel Boric, así como la futura ministra del Interior Izkia Siches, figura la no renovación del estado de excepción constitucional que ha decretado el actual gobierno desde octubre pasado en cuatro provincias de la Macrozona Sur, como una forma de contener la violencia que allí tiene lugar.

El nuevo Mandatario, si bien no cerró la puerta a que se utilicen las herramientas que provee la actual institucionalidad, ha reiterado que su gobierno privilegiará el diálogo así como el reforzamiento del control policial, mientras que Siches ha señalado que “militarizar la zona no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que la ha incrementado”. Estos dichos motivaron la respuesta del Presidente de la República, quien hizo un llamado a “informarse mejor”, argumentado que la presencia de personal militar en la zona en virtud del estado de excepción ha permitido una significativa caída en el número de atentados, reiterando que la voluntad de su gobierno será extender esta medida hasta el término de su mandato.

Este cruce de declaraciones tiene lugar en momentos en que La Araucanía ha sido duramente golpeada por una seguidilla de hechos de sangre cometidos en el lapso de una semana, donde un conocido agricultor de la zona fue acribillado, además de otros tres asesinatos también producto de la acción de desconocidos que accionaron con armas de fuego, presumiblemente protagonizados por grupos radicalizados que actúan en el marco del llamado “conflicto indígena”.

Aun cuando la postura de Boric contraria al estado de excepción era conocida de antes -como diputado ha votado en contra de esta medida, y durante la campaña electoral mantuvo consistentemente esa postura-, ahora que asumirá el gobierno se hace necesario conocer con qué estrategia su administración pretende hacer frente a estos gravísimos hechos. Resulta preocupante que frente a la escalada de violencia -en donde ya se está atentando con el expreso ánimo de asesinar selectivamente y con ello generar temor en la población- de antemano se esté renunciando a emplear toda la fuerza que el estado de derecho proporciona, anteponiendo razones ideológicas al objetivo central que debería ser proteger la integridad de la población.

Es evidente que la presencia de las fuerzas policiales, que ha sido sustancialmente incrementada, no da abasto para poder hacer frente al accionar de estos grupos, y aun cuando el apoyo de las fuerzas militares -cuya labor se limita a la vigilancia y patrullaje- no ha sido suficiente para detener la violencia, los datos muestran que su presencia sí ha sido efectiva, valorado por los habitantes de la zona. Llamar “militarización” a una intervención acotada y expresamente permitida por la Constitución -que por lo demás ha sido autorizada por el Congreso-, resulta una equivocada forma de describir la realidad, y tal estigmatización hace más difícil que más adelante esta herramienta pueda ser invocada si las circunstancias así lo ameritan. Los llamados al diálogo son desde luego necesarios, pero hay serias dudas de que ello baste cuando grupos armados han declarado que la “lucha” continuará.

Más allá de las definiciones del nuevo gobierno, la administración actual sigue teniendo la plena responsabilidad por el orden público, por lo que es indispensable que frente a esta escalada el Ministerio del Interior informe a la ciudadanía las medidas concretas que pretende tomar para dar seguridad a la población.