La administración del Presidente Donald Trump ha reinstalado un problema que parecía superado: la subordinación política de las universidades. La reciente revocación del permiso a la Universidad de Harvard para matricular estudiantes extranjeros, el congelamiento de fondos públicos, las auditorías ideológicas y la reforma del sistema de acreditación con criterios sesgados, son una amenaza directa al pluralismo, a la libertad académica y a la autonomía universitaria, incluso de instituciones privadas de excelencia.

Estas acciones no solo vulneran los principios y derechos mencionados, sino que contravienen los estándares constitucionales desarrollados por la propia Corte Suprema de Estados Unidos. En casos emblemáticos como Sweezy v. New Hampshire (1957), el juez Frankfurter advirtió que “una sociedad libre depende de universidades libres”, resaltando que la interferencia estatal en la enseñanza es incompatible con una democracia funcional. Luego, en Keyishian v. Board of Regents (1967), el máximo tribunal reafirmó que la libertad académica es una garantía reconocida en la primera enmienda de la Constitución, pues sin ella no hay libertad de expresión. En Grutter v. Bollinger (2003), sostuvo que la autonomía de las universidades en las decisiones académicas, por ejemplo, a quién admitir o con cuál método enseñar, merece una especial deferencia constitucional por su rol en el debate democrático. En síntesis, estas resoluciones judiciales confirman que las universidades tienen derecho a decidir, con base en criterios académicos, quién puede enseñar, qué se puede enseñar, cómo debe enseñarse y quién puede ser admitido para estudiar.

¿Qué rol cumplen la autonomía universitaria y la libertad académica en la arquitectura constitucional de una sociedad democrática? En tiempos de creciente autoritarismo, este dilema nos recuerda que las universidades no son meros centros de formación profesional. Son espacios indispensables para la deliberación pública. No están llamadas a reproducir el pensamiento dominante, sino a cuestionarlo con rigor y a formar conciencia crítica. Cuando se restringe el debate, se fiscaliza la investigación o se amenaza a quienes piensan distinto, no se fortalece la democracia, se la debilita. Y cuando las decisiones académicas se subordinan a criterios políticos, la universidad pierde su capacidad de desarrollar pensamiento autónomo y crítico y se transforma en un instrumento de uniformidad ideológica o adoctrinamiento.

Chile conoce de cerca los peligros de esta deriva. Nuestra historia reciente registra universidades intervenidas, académicos perseguidos y libertad académica silenciada durante la dictadura. Si bien hoy contamos con marcos legales que protegen la autonomía universitaria, estos no son inmunes al vaivén político ni al desprestigio público.

Por Miriam Henríquez. decana Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado