El segundo mandato de Michelle Bachelet se caracterizó por el esfuerzo voluntarista de expandir la provisión gratuita de ciertos bienes sociales bajo el supuesto -equivocado- de que el país podía dedicar los recursos necesarios a esos fines sin afectar la calidad de los correspondientes servicios y/o el crecimiento económico, el empleo y la pobreza.

Con el mismo voluntarismo, Michelle Bachelet ha enviado a última hora al Congreso un proyecto de una nueva Constitución que expande muy significativamente los derechos materiales ciudadanos.

Es cierto que los derechos que se incluyen en el proyecto mencionado -aquellos a la no discriminación, al trabajo, a la salud, a la educación, a un ambiente no contaminado, a una vivienda digna y a la seguridad social, entre otros-, se encuentran entre aquellos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, documento suscrito por Chile.

Pero también lo es, que la de las Naciones Unidas es una declaración que se debe interpretar, y así generalmente se hace en el ámbito de los derechos que requieren de recursos materiales para poder ser satisfechos, en el sentido que los países firmantes se comprometen a hacer los mayores esfuerzos, dados los medios disponibles, para alcanzar las anheladas metas. Al respecto, hay que tener presente que Chile aún tiene un nivel de ingreso por persona que dista de aquel de los países cuyos niveles de gasto social mínimos por persona quisiéramos emular.

Si por ejemplo deseáramos tener ya los estándares promedios de los EE.UU. en materia de salud y educación, probablemente inferiores a los que goza el decil de mayor ingreso en Chile y también a aquellos prevalecientes en Europa, sería necesario cuadruplicar el gasto total de los primeros y más que duplicar aquel de los segundos (estimaciones hechas a partir de datos del Banco Mundial y del National Center for Education Statistics). Además de limitar seriamente los grados de libertad individual (aquellos de los contribuyentes) -un derecho humano también consagrado en el proyecto de nueva Constitución- aumentos de tal magnitud solo se pueden lograr afectando gravemente los incentivos para ahorrar, invertir y trabajar.

El asunto de fondo es si la Constitución debe basarse en la cultura prevaleciente y los recursos disponibles, o si ella debe utilizarse para moldear la realidad. En el mensaje que acompaña al proyecto de nueva Constitución la Presidenta pareciera abogar -correctamente- por la primera posición, y sin embargo luego, en el texto constitucional propuesto, se incluyen una serie de derechos que, por motivos culturales y de disponibilidad de recursos, son prácticamente inalcanzables en el Chile de hoy. Se crean así falsas expectativas y en el mejor de todos los casos, se corre el riesgo de que, en materia de derechos humanos materiales, la Constitución pase a ser letra muerta.