En Chile, las decisiones sobre financiamiento público no pueden analizarse al margen del rol que cumplen los municipios. Es en las comunas donde la política pública se vuelve concreta, cercana y cotidiana para las personas: en la salud primaria, la seguridad, el espacio público y la calidad de vida de los barrios. Para que ese rol se ejerza adecuadamente, los gobiernos locales requieren estabilidad financiera y una gestión eficiente de sus recursos.

En ese contexto, iniciativas como la Secretaría Técnica Municipal (impulsada desde centros de estudios progresistas) buscan precisamente fortalecer el trabajo de alcaldes y alcaldesas, quienes son la principal puerta de entrada del Estado para la ciudadanía. Debilitar las fuentes de financiamiento municipal no solo afecta cifras, sino que impacta directamente la capacidad del Estado de responder en los territorios.

Hoy, la advertencia no se basa solo en el temor municipalista, sino que tiene como principal argumento el análisis del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuesto ante la Cámara de Diputados, el cual confirma que esta megarreforma es una bomba de tiempo para el Fondo Común Municipal (FCM).

Para el mundo municipal, la evidencia del CFA toca un punto crítico. El Consejo identificó explícitamente la compensación al FCM —por eximir las contribuciones— como una “posible presión fiscal permanente”. El gobierno promete compensar la merma de este impuesto, que hoy financia el 61% de todo el FCM, con recursos estatales proyectados en un 0,04% del PIB. Sin embargo, el CFA advierte que este gasto podría dispararse fácilmente debido al envejecimiento poblacional o a comportamientos elusivos, como inscribir viviendas a nombre de mayores de 65 años para evitar el pago.

¿Qué pasará cuando el Fisco, profundamente desfinanciado, decida recortar esa promesa? La tragedia caerá en nuestros territorios. Comunas con una dependencia vital del FCM, como El Tabo (86,79%) o La Pintana (82,98%), quedarán desprotegidas. Localidades inmensas sufrirán mermas brutales: al segundo año, Puente Alto perderá $4.271 millones y Maipú $3.511 millones, aproximadamente.

Reemplazar ingresos propios y estables por una promesa de compensación en la Ley de Presupuestos, bajo el actual nivel de estrés fiscal, destruye por completo la autonomía local. Eliminar el pago de contribuciones no es aliviar a las familias; es regalarle una exención regresiva al 30% más rico a costa de asfixiar los consultorios, las luminarias y la seguridad de nuestros barrios. El CFA ya mostró la evidencia: la cuenta no da.

Eolo Díaz-Tendero

Director de la Fundación Horizonte Ciudadano