Chile enfrenta una oportunidad que no puede desperdiciar. Según la Corporación de Bienes de Capital, para el período 2026-2030 se proyectan inversiones cercanas a US$95.000 millones. Minería y energía concentran el 66% del total, pero el dato más relevante es otro: la Región Metropolitana recibiría solo el 15,7% en donde más del 80% de la inversión se localizaría, por tanto, en regiones.

Esta realidad obliga a cambiar el eje de la discusión. La regionalización no puede seguir reducida a una disputa administrativa sobre atribuciones y presupuestos. Su verdadero sentido debe ser económico, social y práctico: crear las condiciones para que la inversión se concrete, genere empleo formal, fortalezca las economías locales y mejore la calidad de vida de las personas.

Cada región posee características distintas, pero todas necesitan certezas, infraestructura y coordinación pública. También requieren una relación con la inversión del entorno local que facilite, en vez de obstaculizar el fundamental rol del sector privado en llevarla a cabo. Las regiones que comprendan antes esta realidad estarán mejor preparadas para atraer proyectos, formar capital humano, ampliar sus cadenas de proveedores y crear nuevas oportunidades.

Las regiones de Antofagasta y Atacama concentran el 50% de la inversión esperada que genera el sustento a una macrozona norte que impulsa fuertemente ese dinamismo. No es sorpresa que más allá de la inversión minera y energética, en este momento se generen oportunidades extraordinarias en lo que se refiere a infraestructura habilitante (carreteras, puertos, comunicaciones, agua desalada), a la gestión habilitante (conexión aérea interregional o utilización de suelos fiscales) y sobre todo a la mejora del entorno de ciudades y calidad de vida en ciudades como Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó y La Serena-Coquimbo en todo sentido. La entrada de inversión en actividades que van a sostener una nueva cadena de valor necesita del dinamismo que las sostiene y en la macrozona norte, la gran oportunidad está ahí y ahora.

El desarrollo del Distrito Vicuña y una mayor integración del noroeste argentino con Atacama y Coquimbo gatillan inversiones y actividades enormes asociadas al transporte, la logística, la agricultura y el turismo. En la zona central, los cierres recurrentes del paso Los Libertadores con 45 días de cierre en promedio y sobrecostos estimados entre US$120 y US$200 millones al año refuerzan la necesidad de avanzar en alternativas como Las Leñas en O´Higgins. En el sur, las obras para conectar la articulación portuaria del Biobío con Argentina y la conectividad de Magallanes con la Antártida ofrecen oportunidades enormes a considerar.

Ya existen señales alentadoras en donde la lección es clara y la receta no es única. En Valdivia, la CPC e Inacap impulsan “Motores Productivos Regionales” que se espera reproduzca en otras regiones. En paralelo Sofofa ha avanzado en la identificación de un catastro concreto de proyectos detonantes con alto impacto macrozonal y nacional. En el Biobío, la articulación de gremios empresariales y los diálogos proempleo entre sindicatos e industria muestran que la colaboración territorial puede abrir una manera o base más sólida para contar con iniciativas proempleo con alta aprobación local.

Las regiones no necesitan una nueva capa de burocracia, sino promover un entorno competitivo que permita una mejor coordinación que habilite su energía productiva y orgullo regional. La verdadera regionalización no se construye por decreto, sino se hace realidad cuando cada territorio puede desplegar su potencial, atraer inversión y ofrecer las mejores oportunidades a sus habitantes. Lo que ayudaría es dinamizar el contraste entre regiones visibilizando las que sí están avanzando a objeto de promover las coordinaciones, estándares e iniciativas que permitan llevar las inversiones e iniciativas a cabo.

*El autor de la columna es consejero de la Sofofa