Por Lidia Casas, directora Centro de Derechos Humanos UDP

Al momento de su instalación, la Comisión Valech sobre Prisión Política y Tortura fue un avance importante -aunque tardío- para establecer la verdad, memoria y reparación frente al uso de la prisión política y la tortura como herramientas de represión.

El secreto de 50 años fue parte de una estrategia previa: la búsqueda de colaboración con las Fuerzas Armadas iniciada durante la administración del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, bajo la Mesa de Diálogo instalada en agosto de 1999, a fin de obtener información de los detenidos desaparecidos. Esta “colaboración” resultó ser ineficaz y profundizó la sensación de encubrimiento e impunidad. No puede olvidarse que esta Mesa se creó mientras el gobierno trataba de forma desesperada de traer a Chile a Augusto Pinochet para ser enjuiciado, cuestión que nunca se produjo; eso, sin embargo, es materia de otro análisis.

Al presentarse la Ley de Reparación para Víctimas de Prisión Política y Tortura, el gobierno del Presidente Ricardo Lagos dijo que la Comisión Valech era un espacio para escuchar a las víctimas de las experiencias vividas en un ambiente reservado, y poder calificarlas para obtener reparación. Se dijo que la Comisión fue creada sin ningún otro fin. También se argumentó que Chile daba un paso “a mirar la verdad, sin esconderla debajo de la alfombra”, y, como añadió en su mensaje: “pero lo completamos para mirar el futuro, no para escudriñar eternamente en el pasado”. Esta ley, cabe recordar, se enmarcaba en una política de “no hay mañana sin ayer”.

El compromiso de escuchar a las víctimas era sin duda una parte de la deuda: la reparación, aun cuando fuera simbólica. Pero no se aprovechó la oportunidad para avanzar en justicia. El proyecto de ley sin secreto podría ser considerado un eterno escrutinio al pasado.

Hoy la justicia sufre una nueva derrota junto a los 34 congresistas que dieron una pelea en la Cámara de Diputados para que los antecedentes recogidos por la Comisión pudieran ser solicitados por la justicia, manteniendo estrictas normas de confidencialidad. El silencio lo protegió una mayoría con una abstinencia deshonrosa.

La evidencia muestra que el secreto ha sido una barrera más para acudir a la justicia: obliga a las víctimas a recopilar todos los antecedentes ya presentados ante la Comisión Valech. Las investigaciones por tortura son escasas; el Estado no apoya a las y los sobrevivientes con asistencia legal, a diferencia de lo que sí hace la Unidad de Derechos Humanos en los casos de detenidos desaparecidos. El Estado renunció a su rol de proveer justicia y lo dejó en manos de privados. Así, las condenas contra agentes del Estado suman apenas 26, en su mayoría con penas muy bajas que cumplen en sus domicilios. Estas escasas sanciones son fruto de la tenacidad de las mismas víctimas y no de las obligaciones que pesa sobre Chile para terminar con la impunidad.

La historia demuestra que ni por decreto ni por ley se podrá dejar atrás lo que se ha demandado por años: que los antecedentes de la Comisión Valech puedan ser entregados a la justicia, no al público en general. Hemos dado una vuelta larga, casi dos décadas, para decir lo que no se logró en 2003. El mensaje presidencial de Lagos terminaba diciendo: todo se “ha hecho, no para reavivar rencores y divisiones, sino para fortalecer la convivencia y la unidad de todos los chilenos”. Sin embargo, la convivencia no puede construirse a partir del silencio y la impunidad.