Este era un partido que el gobierno tenía ganado, pero que comienza perdiendo antes de iniciarse. Los defensores del orden institucional encontraron que la mejor forma de fortalecer el sistema de seguridad ciudadana era con una reforma constitucional, cuyo núcleo es un nuevo estado de excepción. El precedente resulta inquietante: hacer políticas públicas modificando la Carta Fundamental, es decir, el diseño institucional del país, sus reglas del juego y el equilibrio y contrapesos entre los poderes del Estado. En este caso, además, poniendo en interdicción garantías y derechos individuales.

Si ya resulta extraño que La Moneda optara por abrir este flanco constitucional, más lo es que una decisión de esta envergadura no la conversara previamente con sus partidos y bancadas. Como si el oficialismo tuviera garantizados los votos para una reforma que requiere 4/7 y que ingresa por el Senado donde, a diferencia de la Cámara de Diputados, no hay bancada del PDG con la cual negociar. Así, sin diálogo político previo, el Ejecutivo propone entre otras cosas un estado de excepción que puede durar hasta 240 días y que el Presidente puede usar discrecionalmente, sin consulta al Congreso y sin control judicial alguno. Un período de tiempo en que, además, se modifican las funciones de las FF.AA., con el objeto de incluirlas en labores policiales para las que no están debidamente capacitadas.

En paralelo, el gobierno propone que las personas condenadas por delitos de crimen organizado pierdan durante la pena y hasta quince años después de su cumplimiento todos sus beneficios sociales, haciendo casi imposible cualquier forma de reinserción en la sociedad. Según se pudo constatar, esta iniciativa no fue siquiera conversada con la ministra de Salud, quien públicamente puso una voz de alerta respecto a las implicancias de la suspensión de derechos y garantías sanitarias de las personas sancionadas. En simple, el gobierno no sólo no conversó estas materias con el oficialismo, tampoco lo hizo al interior del gabinete.

La oposición ha recibido en sus manos un obsequio precioso, los fundamentos para sostener que efectivamente existe en el corazón del Ejecutivo una pulsión iliberal, encarnada en una propuesta de estado de excepción que no pasa el más elemental filtro de control democrático. Un regalo salido de una agenda de seguridad pública mal enfocada, desprolija e inconsulta, que dejó a un sector del oficialismo en una posición muy incómoda. Y que ahora obliga al gobierno a tener que enmendar el rumbo, sin claridad de hasta dónde deberá echar marcha atrás.

Es el costo de un estropicio político que sólo puede explicarse por debilidades de fondo en el diseño y ejercicio del poder, por una forma un poco naif de proceder en un tema extraordinariamente complejo y sensible. O porque la exministra Steinert tenía razón: en materia de seguridad no había plan, ni estrategia, ni claridad, ni objetivos. En rigor, sólo el vacío.

Por Max Colodro, filósofo y analista político