SEÑOR DIRECTOR:

El domingo, el editorial de La Tercera afirmó que un tema fundamental para lograr un acuerdo en la Comisión Experta reside en si el proyecto permite consagrar un Estado social de derecho. No obstante, a reglón seguido se sostiene que “la izquierda señala que consagrar un sistema privado en educación, salud y pensiones (…) es algo que atenta contra el Estado social (…). Para este sector, la provisión debiese ser solo pública, algo que responde a razones ideológicas”.

Esta afirmación es completamente errada. Entre comisionados y comisionados expertos de centroizquierda e izquierda hemos compartido, sin matices, y con pleno respeto a las bases fijadas en el actual proceso constituyente, que el Estado social y democrático de derecho implica que, tanto prestadores públicos como privados, participan en la provisión de los derechos sociales.

La discusión nunca ha estado centrada en este punto, sino en lo inconveniente que es fijar, en la Constitución, un solo modelo de provisión de estos derechos sociales, privando al legislador democrático la posibilidad de establecer otras alternativas de políticas públicas que sean compatibles con la provisión mixta acordada. Lo anterior, en plena concordancia con lo que el Tribunal Constitucional Alemán entiende por Estado social y democrático de derecho, en tanto que “fundamenta el deber del Estado de garantizar la existencia de un orden social justo, pero el cumplimiento de ese deber le corresponde al legislador, quien cuenta con un amplio poder de regulación”.

Antonia Rivas, Gabriel Osorio, Catalina Lagos, Domingo Lovera, Verónica Undurraga, Flavio Quezada, Alejandra Krauss, Alexis Cortés, Leslie Sánchez, Francisco Soto, Paz Anastasiadis, Magaly Fuenzalida

Comisionados expertos