La propuesta de reorganización y condonación parcial del CAE y su reemplazo por un impuesto a los graduados denominado FES ha sido difícil. Las asociaciones de rectores de universidades –el CRUCH y la CUP– y de institutos profesionales y centros de formación técnica han mostrado las deficiencias del diseño y se han opuesto a que el proyecto avance a menos que se hagan cambios significativos. Varios rectores, de forma individual, han hecho ver el riesgo de una mayor segregación socioeconómica, el desfinanciamiento de las universidades más complejas, la pérdida de recursos para la investigación, el aumento de la informalidad, la excesiva carga que el FES impone sobre los estudiantes, y la vulneración de la autonomía universitaria. Desde un punto de vista fiscal, se ha demostrado que la exposición del Fisco al riesgo es muy alta, pues los costos de pagar prácticamente el 100% de las carreras de todos los estudiantes de Chile es cierta, pero la devolución de esos recursos es incierta, pues depende del mercado laboral y los salarios.

Sorprendentemente, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el oficialismo decidió hacer vista gorda de todos estos problemas, e hizo valer su mayoría. Pero en la Comisión de Hacienda el gobierno se vio en la obligación de introducir cambios. ¿Cuáles son?

Lo primero es que se permite a los estudiantes solicitar una cobertura parcial del FES. Puede solicitarse el 50%, el 75% o el 100% del arancel regulado. Si bien durante la discusión parlamentaria se solicitó mayor flexibilidad para el FES, la solución propuesta es excesivamente rígida. Además, es muy poco atractiva para los estudiantes, al mantener el periodo de pago intacto, el que en promedio serán 20 años.

Lo segundo es que se incurre en una innovación muy sorprendente. El Mineduc decide, por ley, fijar cupos limitados para el FES, limitándolo a 80.000 beneficiarios nuevos anuales. Esto tiene un impacto relevante, pues deja de ser una política de acceso universal. Al haberse eliminado todas las becas, quienes queden fuera del FES por falta de cupos no tendrán alternativa de apoyo estatal para estudiar. No se entiende por qué se propone esta alternativa. Si es por limitar el gasto, esto debiera explicarse mejor. Curiosamente, en su defensa el Ministerio de Educación cae en la contradicción de defender la fijación de cupos limitados, para luego decir que no tendrá ningún efecto. Lo concreto es que el FES deja de ser un instrumento universal y deja sin alternativas de financiamiento a miles de estudiantes.

Finalmente, se fija un tope al pago del FES equivalente a 3,5 veces el valor del arancel regulado actual, siempre y cuando se haya cumplido el 90% del tiempo de pago. En la discusión pública se hizo ver que el 30% de los beneficiarios del FES pagaría más de 1,5 veces su carrera, lo que fue evaluado como injusto. Sorprendentemente, el tope establecido solo cubre el 1% de los beneficiarios, que son los que se estima que pagarán más de 3,5 veces su carrera. Es una medida sin efecto práctico alguno, que solo confirma que el FES es un impuesto que se financia gracias al sobrepago de un grupo significativo de estudiantes.

Las indicaciones presentadas no se hacen cargo de los problemas centrales del FES. Se proponen soluciones marginales que empeoran el diseño. Con la fijación de cupos y la cobertura parcial, se empeora la situación de las instituciones (que tendrán que cobrar, pero por debajo del arancel regulado) y de los estudiantes, mejorando la del Fisco. Con el tope al sobre pago de hasta 3,5 veces la carrera, se transparenta que el FES es un impuesto que golpea directamente a las clases medias. Cuando además consideramos que existe la gratuidad de Bachelet II, tenemos que dos estudiantes iguales, por estar en instituciones distintas, pagarían en un caso cero, y en otro hasta 3,5 veces su carrera.

Llama la atención que luego de las transversales críticas que ha recibido el proyecto FES, el Ejecutivo decida hacer oídos sordos sin establecer cambios sustantivos. Las indicaciones del gobierno dejan a los principales afectados por esta política, los estudiantes y las universidades, en el mismo punto e incluso en una peor situación. Un sinsentido.

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar