Dos mujeres lideran la contienda presidencial con opciones reales de llegar a La Moneda. Aunque este hecho representa un avance sustantivo hacia la igualdad, no está exento de amenazas: la persistencia de la violencia política de género, particularmente en el ámbito digital.

Este tipo de violencia ha adoptado nuevas formas con el uso de inteligencia artificial y la difusión masiva de desinformación en redes sociales. Deepfakes, edición maliciosa de videos y campañas de difamación no solo dañan la imagen pública de las candidatas, sino que vulneran sus derechos a la honra, a la propia imagen, a la integridad síquica y a la participación política en condiciones de igualdad. En el caso de Evelyn Matthei, se han difundido videos falsos para insinuar un deterioro cognitivo; y en el de Jeannette Jara, se ha recurrido a comparaciones sexistas.

Estas agresiones han sido condenadas por figuras políticas de diversos sectores. La transversalidad del rechazo revela que no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural que interpela los límites de la libertad de expresión y exige una respuesta de todo el sistema político. Si bien la crítica forma parte del debate democrático, la manipulación dolosa que atenta contra la dignidad no puede ampararse en ella. Estos ataques, además, no son neutros, se alimentan de estereotipos de género que buscan excluir a las mujeres del espacio público. Tal como ha advertido la literatura especializada, se trata de una forma de violencia simbólica orientada a anular el rol político de las mujeres.

Un reciente informe de IDEA Internacional (2024) confirma que las mujeres que participan en política enfrentan violencia sistemática, que busca excluirlas del espacio público mediante mecanismos de deslegitimación, hostigamiento y manipulación simbólica que se intensifican con el uso de tecnologías. El impacto de esto trasciende lo personal, socava el pluralismo democrático, desalienta nuevas candidaturas y obstaculiza la representación paritaria, configurando una forma contemporánea de exclusión política.

Por fortuna, Chile ha comenzado a responder institucionalmente a este fenómeno. Actualmente, un proyecto de ley sobre violencia digital con perspectiva de género se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. A nivel comparado, la Unión Europea ofrece una experiencia valiosa, pues ha establecido obligaciones para las plataformas digitales que incluyen la detección de contenidos manipulados y sanciones específicas en contextos electorales, con agravantes cuando las víctimas son mujeres políticas.

Garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad no es un privilegio, es una exigencia básica de toda democracia que aspire a ser inclusiva. Proteger a las candidatas frente a las agresiones digitales es asegurar el derecho de todos a ejercer su ciudadanía sin temor. Esta tarea no solo compete al Estado, también interpela a las dirigencias políticas que deben condenar sin ambigüedades estas prácticas y promover campañas libres de violencia.

Por Miriam Henríquez, decana Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado