Por Rodrigo Fuentes, académico Instituto de Economía UC

La tasa de inflación de Argentina en el mes de julio alcanzó a 7,4%, llevando a 71% la tasa en 12 meses. Las alzas de inflación aparecieron en todas partes del mundo en el periodo post pandemia. No obstante, la persistencia en la inflación de Argentina es señal de factores más estructurales que los efectos de la pandemia.

En sus últimos 50 años, ese país ha experimentado varios episodios inflacionarios, que son indicadores de la falta de una institucionalidad monetaria adecuada y de problemas en el manejo fiscal. Un ejemplo de este último son los recurrentes problemas que tiene Argentina para hacer frente a sus obligaciones derivadas de la deuda externa.

El sistema federal funciona con provincias que tienen autonomía de gastos, pero cuyo financiamiento es hecho sobre la base de fondos recaudados de forma centralizada. La ausencia de una relación entre ingresos y gastos permite que cuando las provincias incurren en cuantiosos déficits fiscales provinciales –lo que es crónico— estos desequilibrios deban ser financiados con fondos generales de la nación. Al no conseguir mayor recaudación, se termina por monetizar dichos déficits, es decir el Banco Central de la República Argentina financia al gobierno central quién, a su vez, financia a las provincias. La monetización lleva inevitablemente a mayores niveles de inflación.

Dicho de otro modo, no existe una restricción presupuestaria fuerte para las provincias. Esto hace que se enganchen en un juego por obtener una mayor porción de la recaudación central, lo que lleva a mantener déficits presupuestarios regionales.

El lector o lectora se preguntará cuál es la diferencia con Chile, especialmente en un momento en que sectores políticos ponen en duda la institucionalidad del Banco Central de Chile y en que la propuesta de Constitución impulsa una mayor descentralización del Estado.

La independencia del Banco Central y, en especial, el hecho de que éste no puede prestar recursos al gobierno de turno contribuye en forma crucial a cumplir con su objetivo de velar por la estabilidad de la moneda (es decir, mantener una inflación baja y estable) y el normal funcionamiento del sistema de pagos.

En cuanto a la institucionalidad fiscal, la propuesta constitucional es imprecisa. Por un lado, establece que las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal (artículo 183), aunque no dice cómo. Al mismo tiempo, en varios artículos (especialmente los del Capítulo VI), se propende una mayor descentralización e independencia en el manejo de las finanzas de las subdivisiones territoriales, pero no se explica cómo se logrará que a nivel agregado haya equilibrio entre ingresos y gastos. Adicionalmente, en las normas transitorias se fija un plazo de dos años para la implementación de la descentralización fiscal. Es decir, se procedería con gran premura, pero sin una hoja de ruta clara.

A la luz de la experiencia de nuestros vecinos, hay una fuente de riesgo que no es menor en esta redacción imprecisa. En Argentina la autonomía financiera regional ha puesto en jaque una y otra vez la estabilidad macroeconómica de ese país, de la cual la reciente alza en la tasa de inflación es una señal potente de ese mal diseño. Es necesario ser cuidadoso en la implementación de las buenas intenciones ya que en los detalles aparecen los problemas.