En la novela “La burla del tiempo”, Mauricio Electorat narra el regreso del protagonista a un Chile que ya no existe del todo, pero que tampoco termina de desaparecer. Es en el fondo la historia de una generación que creyó militar en nombre de los grandes ideales y que, con los años, descubre que detrás de ciertas épicas también podía esconderse la mentira, la traición y la indiferencia. La obra lo dice con crudeza: ni la política activa ni la resistencia tenían que ver con los libros de Sartre y Camus que alimentaban los sueños juveniles como la realidad se encargaría de evidenciarlo.

Algo de ello se puede entrever en la reacción de algunos frente a la Ley de Reconstrucción Nacional impulsada por el gobierno del Presidente Kast. La frase del diputado Jaime Araya -anunció un “tsunami” de indicaciones- sería solo una humorada si no revelara algo mucho más grave como es la voluntad explícita de convertir el reglamento en barricada y la deliberación democrática en una técnica de obstrucción legislativa.

En efecto, una cosa es presentar indicaciones para mejorar un proyecto de ley, pero otra muy distinta anunciar, con soberbia, una avalancha de enmiendas con el propósito político de hacer inviable una urgente legislación. No se trata allí de deliberar, corregir o perfeccionar, sino de dilatar, impedir, y transformar la responsabilidad legislativa en un espectáculo de desgaste.

La frivolidad de la metáfora tampoco es menor. Chile sabe demasiado bien lo que significa un tsunami. No es una palabra inocente. Evoca destrucción, pérdida, emergencia, comunidades arrasadas. Usarla como chiste reglamentario para describir una estrategia de obstrucción revela una profunda desconexión moral con las urgencias del país.

Aquí aparece la burla del tiempo. Quienes hoy se presentan como guardianes de la justicia social fueron artífices o herederos de una coalición política que prometió responsabilidad fiscal, equidad y crecimiento bajo grandes reformas. La reforma tributaria de 2014 fue presentada precisamente con objetivos nobles, pero una década después su fracaso es evidente y el país paga los costos de un Estado más caro, una economía más débil y una política incapaz de reconocer los errores. La oposición prefiere actuar como si los déficits cayeron del cielo y el estancamiento no tuviera autores, como si el gasto descontrolado fuera una fatalidad meteorológica y no una errada decisión de política económica de su responsabilidad.

Por ello, cuando ahora un gobierno intenta corregir el rumbo, la respuesta no es una alternativa responsable, ni una propuesta seria, ni siquiera una crítica técnica articulada. Es un “tsunami” de indicaciones. Optan por un mar que arrasa. En lugar de una corriente que empuje al país adelante, eligen una ola que lo paralice todo. El tiempo, como en Electorat, terminará burlándose de quienes, habiendo prometido alguna vez cambiar la historia, acabaron reducidos a celebrar que podrían atrasarla.

Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Universidad de Chile