“Chile necesita un nuevo impulso”. Así parte la minuta del gobierno que detalla los contenidos del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional. Dicho diagnóstico no puede ser más certero. Llevamos más de una década estancados, con una economía que no crece más allá del 2%. Nuestro mercado laboral, a su vez, padece de fatiga crónica, con un desempleo que no baja del 8%.

Por lo mismo, es encomiable el empuje que se le ha puesto a esta reforma. El país no se cae a pedazos (como se repetía en campaña), pero tampoco está normalizado (como lo pretendía la anterior administración). Está chato, escéptico, desangelado, luego de años de disputas tan intensas como estériles.

El ministro Quiroz tiene toda la razón cuando señala que sin crecimiento no hay pega. Y si no mejoran los sueldos, quien más pierde es la clase media. Porque a diferencia de los sectores más vulnerables, no cuenta con el apoyo de la red de protección social del Estado. Y tampoco tiene la vida resuelta como los sectores más pudientes. Depende, ante todo, de una economía pujante, que brinde oportunidades y permita progresar. Y ahí hace rato que estamos al debe.

¿Acaso tiene sentido que Chile tenga una tasa de impuesto corporativo de 27%, mayor que Irlanda (12,5%), Suecia (20%) o España (25%)? ¿Es razonable conformarse con una informalidad laboral del 26%, cuando en los países de la OCDE suele bordear el 10%? ¿Por qué nos cuesta tanto compatibilizar la inversión privada con la protección del medioambiente, a diferencia de Canadá, Australia o Nueva Zelandia?

Por ello, no cabe sino celebrar una iniciativa que, junto con financiar la reconstrucción en Valparaíso, Ñuble y Biobío, busca apuntalar el crecimiento y el empleo, reducir las trabas burocráticas y promover el desarrollo económico y social. Conceptos que en determinado momento estuvieron proscritos —basta recordar el ‘decrecimiento’ de la Convención Constitucional—, pero que fueron determinantes para hacer de Chile el país más próspero de la región y el de menor pobreza.

Ahora bien, la experiencia de los últimos años, las idas y venidas del péndulo político, entregan lecciones que el gobierno no debiese desatender. La primera es no intentar aprobarla por apenas un puñado de votos. Los proyectos de inversión requieren certezas de largo plazo. Una reforma de este calado, que según la propia minuta gubernamental “busca construir el Chile de la próxima década”, necesita de un acuerdo amplio para perdurar. Una victoria marginal, por dos o tres descolgados, corre el riesgo de volverse pírrica apenas cambien las mayorías. Aquí los republicanos tendrán una prueba de fuego, considerando que su historial en este frente –el de la negociación y los acuerdos– no es muy prolífico (por no decir nulo).

La segunda es avanzar con velocidad. El debate no puede extenderse demasiado. Dilatar la discusión al infinito, esperando que la contraparte se ablande, en un tema completamente árido para las personas, puede terminar siendo suicida. A medida que pase el tiempo, menor será el costo de demolición para la oposición y mayor será el riesgo de discolaje en el oficialismo. Además, no se le puede pedir comprensión o paciencia a la ciudadanía cuando lo que se prometió es hacerse cargo de la emergencia (la que por definición tiene sentido de urgencia).

Por último, es fundamental la consistencia. No se puede promover el crecimiento si las cuentas fiscales no están bien cuadradas. Este punto es crucial y no puede evidenciar fisuras. Tampoco es buena idea estimular la inversión favoreciendo a sectores específicos. Una reforma pro mercado –ya lo sabía Adam Smith– no puede tener nombre ni apellido.

Si se quiere mover la aguja del crecimiento, si se quiere rediseñar el horizonte de oportunidades de los chilenos, el gobierno tendrá que actuar rápido, sin claudicar en los principios, pero abriéndose a negociar. Llegó la hora de la verdad.

Por Gonzalo Blumel, Horizontal.