Desde 2017, cuando se revelaron los presuntos vínculos de funcionarios de la Municipalidad de San Ramón y del entorno de su alcalde, Miguel Ángel Aguilera, con el narcotráfico, lo que ocurre en la administración despierta inquietud y ha motivado la apertura de varias investigaciones en el Ministerio Público por eventuales delitos de fraude al Fisco y delitos funcionarios. Una situación que también derivó en la salida del edil del Partido Socialista, del cual era militante y donde había logrado acceder a la mesa de la colectividad de la mano del apoyo recogido en la zona sur de la capital. Ese traspié, sin embargo, no debilitó su carrera política y hoy Aguilera postula, en calidad de independiente, para una nueva reelección en los próximos comicios de abril.

Como destaca un reciente reportaje de este diario, además, la competencia electoral en la comuna está lejos de ser normal. Partidarios del incumbente –a los cuales se señala como funcionarios municipales- participan de seguimientos y amedrentamientos a las candidaturas desafiantes. Las amenazas directas y veladas, con armas de fuego de por medio, han desplazado a la política en perjuicio de las reales necesidades de los vecinos y dan cuenta de un grave clima de matonaje y violencia en la campaña. Es preocupante que haya sido el propio sistema político el que le abriera la puerta a la delincuencia y el narcotráfico, al dejar pasar durante años situaciones anómalas con el solo afán de obtener votos.

Más grave aún es que, pese a esos antecedentes, se haya permitido que personas del mismo círculo de Aguilera ahora se estén presentando como candidatos a distintas representaciones en otras comunas del sector sur de la capital. Ello enciende una luz de alerta frente al peligro de que ese modelo de ejercer el poder pueda extenderse en el sistema político, sacrificando las formas democráticas e institucionales a expensas de la corrupción, la violencia y los intereses de grupos delictivos -un panorama ya visto en otros países de la región. Es finalmente responsabilidad de los partidos cuidar la calidad de los candidatos que presentan, de los cuales son finalmente garantes frente a la ciudadanía, más aún considerando el actual momento de descrédito que atraviesa esa actividad.

Preocupa, por ello, que haya sido la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), partido político finalmente constituido en la Región Metropolitana, el que dio espacio a esas candidaturas sin una mayor depuración ni control. Una situación que resulta aún más grave, considerando que la colectividad fue advertida en dos oportunidades por parte de quienes eran sus socios entonces, el PC y el PRO, de las complicaciones que acarrearía incorporar candidaturas con este grado de cuestionamiento. Avisos que no fueron escuchados ni menos motivaron alguna reacción de parte de la dirigencia de la colectividad. La tardía respuesta de las autoridades de FRVS, que anunciaron ahora que pasarán los antecedentes al Tribunal Supremo, solo agrava la falta.

Los partidos políticos de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica que los rige, tienen por finalidad “contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional” y “son un instrumento fundamental para la participación política democrática” y para contribuir “a la integración de la representación nacional”. Son, además, “mediadores entre las personas y el Estado”. Se trata de definiciones claras y precisas de su responsabilidad en la consecución de las mejores formas democráticas y el bien común y debieran ser siempre uno de los objetivos a perseguir. Sin embargo, muchos terminan finalmente hipotecándolo por el afán de obtener los votos sin importar el cómo ni el con quién.

Lo sucedido en la zona sur de Santiago, qué duda cabe, es especialmente grave, pero habida cuenta del desprestigio que arrastran los partidos políticos y la política en general, debiera ser también una lección para todos quienes dirigen una colectividad política o están encargados de su buen funcionamiento. Es urgente perfeccionar los sistemas de control interno de los partidos, y si la autorregulación en esta materia no es suficiente, discutir mecanismos que permitan una mejor selección y evaluación de los candidatos, y establecer claras responsabilidades en caso de que ello no suceda. Solo así será posible garantizar la calidad de quienes representan a la ciudadanía. El resultado de no hacerlo está a la vista en varios países de la región.