SEÑOR DIRECTOR:

En columna del 29 de octubre, Ascanio Cavallo señala, respecto de la propuesta constitucional, que “en cuanto a pensiones, salud y educación, nada cambia entre la Constitución actual y el nuevo proyecto”, cuestión que consideramos no es tal.

En educación, la consagración del voucher no forma parte de la Constitución vigente ni de casos comparados, pues corresponde a una materia de política pública que resulta controversial en la literatura. Sorprende su aseveración, toda vez que la propuesta ha recibido severas críticas de especialistas como J.J. Brunner o Sylvia Eyzaguirre.

En salud se constitucionaliza la existencia de dos sistemas: estatal y privado. Esto es también materia de política pública y va en contra de lo indicado por la Comisión Técnica de la ley de Isapres, que señaló que existe la necesidad de una reforma que avance en la mancomunación de recursos entre el subsistema público y privado, en base a criterios de solidaridad y equidad. La propuesta dificultaría estos esfuerzos.

En cuanto a seguridad social, el establecimiento de propiedad sobre las cotizaciones podría volver inconstitucional que parte de ellas vaya a un fondo común solidario. La diferencia entre la actual Constitución y la propuesta es tal, que la reforma en trámite no admite dudas de constitucionalidad, mientras que probablemente sería inconstitucional bajo la propuesta.

En una Constitución, cada palabra abre interpretaciones con profundas consecuencias de política pública. Para que nada cambie, nada tendría que cambiar en los artículos, cuestión que sí hace esta propuesta maximalista y programática. La liviandad con que se profiere la afirmación resulta impropia de la trayectoria del columnista.

Julián Ortiz

Santiago Correa