Hoy nuestro Estado necesita verse fuerte. La amenaza del crimen organizado y los efectos de la enorme presión migratoria que golpea a Chile han provocado la sensación fundada de que la institucionalidad se ha debilitado en muchos frentes, o de que muchas veces simplemente no está. El anuncio del proyecto del ministerio de Seguridad “ACOT” debe situarse en ese contexto: enfrentar con decisión el crimen organizado y el terrorismo es un modo de contener esa sensación inquietante y mostrar que el Estado se está haciendo cargo de esta emergencia. Que puede volver a ser fuerte y eficaz.

Habrá que evaluar en su mérito lo que propone la ACOT, porque toca materias muy delicadas. Necesitamos una acción punitiva exitosa, pero también resguardar el Estado de Derecho, que hemos visto deteriorarse, con el mismo (supuesto) objetivo, en otras partes de la región. Sin embargo, ese no es el único desafío. Existe otro que, en alguna medida, compete a la acción general del Estado: lograr que las intervenciones y políticas específicas dialoguen y se articulen con el resto de las acciones que están operando sobre un mismo fenómeno. Se trata de una tarea difícil porque la complejidad de la vida social obliga a una hiperespecialización, agudizada por el funcionamiento sectorizado de la estructura estatal. Pero es también difícil porque no siempre tenemos claro cuál es el fenómeno de base que enfrentamos.

Volvamos a la ACOT: su objetivo directo es el crimen organizado, pero a nivel más profundo la meta es una más relevante. Esta consiste en dar a los chilenos una vida mejor –como prometió en su momento el candidato Kast–, pues enfrentan hoy un escenario precarizado no solo por el narcotráfico, sino también por una crisis de los vínculos sociales primarios, por el desempleo, por malas condiciones de vida, por el impacto de las redes sociales o de los mercados informales. Y esto debiera importar a la ACOT porque no son cuestiones aparte, sino que constituyen problemas que, en conjunto, alimentan una plataforma de reclutamiento permanente al propio crimen que se quiere desarticular, con todos aquellos que quedan al margen. Después de todo, en muchos casos son las mismas personas que temen salir a la calle porque tienen al narco cerca y que piden cárcel a niños que asesinan, las que temen que sus hijos terminen convertidos en soldados. ¿Cómo la ACOT dialoga con eso? ¿En qué medida está situada en un marco mayor que está haciéndose estas preguntas?

Una entrevista del fin de semana pasado recogía el testimonio de Khristian Briones, director de Fundación Dimas, que se dedica a la rehabilitación y reinserción de personas que han estado en la cárcel. No terminó ahí por azar: de niño pasó por instituciones del ex Sename, el consumo de drogas, la delincuencia y la misma cárcel. No cabe acá el relato conmovedor de su conversión, pero sí destacar su vocación: promover la reinserción y rehabilitación, pues no hay otro modo (y la evidencia lo confirma) de quebrar la reproducción del delito. Este caso permite mostrar lo dicho arriba: la agenda de seguridad del gobierno debe encontrarse en algún momento con la preocupación de Briones. No bastan las puestas en escena grandilocuentes del traslado de delincuentes de alta peligrosidad, ni tampoco la pura acción punitiva del Estado. No porque ellas no importen, sino porque para tener eficacia deben articularse con lo dicho tantas veces: prevención, reinserción, oportunidades (y de hecho el aislamiento de los más peligrosos hace justamente posible retomar estas cosas).

Es una tragedia de nuestra política que estos frentes hayan terminado separados según el domicilio político, pero necesitamos volver a vincularlos. De otro modo, solo tendremos para mostrar esas transmisiones de traslados de delincuentes, cuyas filas serán cada vez más largas, alimentadas por un Estado que solo es capaz de aparecer ahí, al final.

Por Josefina Araos, investigadora IES