SEÑOR DIRECTOR

La Unicef -organismo internacional que vela por los derechos del niño y que manifestó que debía ser prioritario abrir las escuelas- ha señalado que Chile está entre los pocos países de la región que culminaron 2021 con apertura total del sistema educativo. A pesar de ello, la mezquindad de un sector liderado por Camila Rojas, diputada del Frente Amplio, llevó a que el 2021 en un intento fallido se acusara constitucionalmente al ministro de Educación, Raúl Figueroa, por hacer los esfuerzos necesarios para abrir los colegios y evitar más daños en el desarrollo de habilidades sociales, salud mental y aprendizajes de miles de niños y jóvenes.

Para enfrentar esta pandemia, que golpeó fuertemente a las comunidades educativas, desde el Mineduc se generaron instancias de colaboración y se establecieron medidas para reforzar la seguridad en los colegios: los trabajadores de la educación fueron un grupo prioritario para la vacunación, se creó un seguro escolar Covid-19, se flexibilizaron el uso de recursos de la subvención escolar preferencial, y se entregaron recursos por más de $186 mil millones para infraestructura. Todo ello y la correcta aplicación de los protocolos sanitarios lograron mantener los brotes de Covid-19 en los colegios en niveles muy bajos, logrando que en el segundo semestre no se llegara al 1% de brotes.

La politización de la educación no pone en el centro las necesidades de los estudiantes, pues se anteponen las ideologías a los cambios que se necesitan para mejorar la calidad o, en este caso, para unirse y colaborar en reabrir los espacios educativos. Esperamos que el próximo gobierno deje esa mezquindad y ponga en el centro lo mejor para la educación del país.

Macarena Bravo

Cientista política y máster en Política Educativas