Cada vez que se conocen las listas de espera por cirugías y especialistas, los retrasos en urgencias, la deuda hospitalaria o el alto gasto de bolsillo en salud, es fácil concluir que el presupuesto es escuálido y no alcanza.

Muchos se sorprenderán, entonces, al saber que la partida del Ministerio de Salud es la más grande del erario fiscal. Según datos abiertos de Dipres, en 2025 representó el 23,92% de toda la ejecución presupuestaria nacional. En la última década, Chile casi duplicó su gasto público en salud, hasta superar el 5% del PIB.

Cuando comienza a tramitarse la Ley de Presupuestos 2027, vale la pena detenerse en el ítem de mayor gasto y preguntarse por qué los resultados no parecen condecirse con el nivel de inversión.

Algunos culpan de los problemas de gestión al ajuste de $420 mil millones instruido por Hacienda. Pero esa cifra equivale a una reducción de 2,5%, que palidece frente al sobregasto de cada año: desde 2014, los Servicios de Salud han gastado en promedio un 20% anual por sobre lo presupuestado. En 2025 el Minsal gastó poco más de $2,5 billones adicionales, equivalente a todo el presupuesto del Ministerio de Seguridad. Y, según informó al Congreso, la ejecución proyectada para 2026 bordeará los $20 billones, unos $2,8 billones sobre lo autorizado por ley.

Por eso, es razonable compartir varias propuestas de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, convocada por Dipres a fines del gobierno del Presidente Boric. La estrategia de más de cuatro décadas —aprobar un presupuesto deficitario para forzar una mejor gestión y suplementarlo en el segundo semestre— ha fracasado y solo alimenta la desconfianza entre hospitales, Servicios de Salud, Minsal y Dipres-Hacienda. Se requiere avanzar hacia un presupuesto inicial sin déficit, que permita una gestión eficiente y un control efectivo del gasto según la producción de cada establecimiento, alineado con los objetivos sanitarios priorizados.

Pero no basta. Hacen falta condiciones habilitantes: separar las funciones de rectoría y provisión que hoy concentra el Minsal —juez y parte—, lo que difumina roles, desalinea incentivos y resta transparencia; y cambiar las bases de la gestión del recurso humano estatal hacia un sistema meritocrático, técnico y centrado en el desempeño, con reglas claras de movilidad, continuidad o desvinculación. A ello se suman medidas con amplio respaldo técnico: más compras centralizadas, una agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, mejor uso de pabellones/consultas, atención primaria más resolutiva, entre otras.

La Ley de Presupuestos vigente mandató a la Subsecretaría de Redes Asistenciales a crear un Consejo de Eficiencia y Convergencia Financiera que dé seguimiento a estas medidas e informe al Congreso. Ojalá las haga realidad. Porque, más que cuánto gastamos, la pregunta es hacia dónde va —quo vadis— el presupuesto en salud: cada peso ganado en eficiencia puede redirigirse a atender más y mejor a los pacientes que tanto lo necesitan.

Por Jorge Acosta, director ejecutivo Instituto. de Políticas Públicas

en Salud (IPSUSS), Facultad de Medicina-USS