El expresidente Piñera citó en tres cuentas públicas que la civilización de un país se mide por el trato a sus adultos mayores. Hoy, la tercera edad vive desencantada de un modelo que la proclama en el discurso, pero la excluye en los hechos.

El Poder Judicial registra la desprotección. Reiteradas sentencias exponen el quiebre de la red de amparo. Negligencias e inaccesibilidad en la atención médica, situaciones de abandono y vulnerabilidad social, despojos patrimoniales en el seno familiar y precariedad bajo custodia estatal son solo algunas muestras del deterioro institucional.

A esta fragilidad se suma la erosión de la autonomía económica. El último boletín del INE revela que la tasa de ocupación informal en el tramo de 65 años y más alcanza un 57,9%. La precariedad de las pensiones, más allá de los avances, configura un escenario propenso a tragedias como la historia en España de Maricarmen Abascal, desalojada tras siete décadas en un inmueble, lo que evidencia cómo el modelo deja desprotegido al adulto mayor frente al mercado.

En 2018 el suicidio de una pareja de ancianos en Conchalí conmocionó al país. Tras 55 años de matrimonio, decidieron quitarse la vida ante la inminente internación de uno de ellos por cáncer y demencia senil, en una tragedia que superó la trama de la película “Amour” de Michael Haneke. Este hecho refleja una tendencia marcada por el aumento del suicidio en la tercera edad, con un impacto crítico en hombres sobre 80 años, empujados por el aislamiento, la falta de redes y la precariedad económica.

La brecha digital acentúa el desamparo. Los adultos mayores no solo sufren el analfabetismo tecnológico, sino que son víctimas prioritarias del delito. Datos del gobierno revelaron que los fraudes a este grupo pasaron de 1.969 casos en 2018 a 9.180 en 2025, un alza del 366%.

La Ley N° 21.822 -integral de personas mayores- abre una puerta inédita hacia su protección. Pero, su efectividad dependerá de la bajada reglamentaria, la capacidad de gestión y, fundamentalmente, de un presupuesto estatal capaz de sostener en la práctica lo que promete en el papel.

El Censo 2024 liquida cualquier postergación pues los mayores de 65 años son el 14% de la población, sumando 2,6 millones de personas frente a una infancia en retirada. La marea demográfica proyectada por el Senama en su cuenta pública advierte que en solo diez años este grupo alcanzará el 27% del país con 5,5 millones de habitantes, empujando a más de un millón a la cuarta edad y a 11 mil al centenario.

En 2002 el expresidente Lagos advirtió que la vejez exigía un giro cultural profundo, transitando del retiro al inicio de una nueva etapa. A más de dos décadas, el país sigue distante de esa meta, pues mientras el invierno demográfico se precipita, la tercera edad aún no es reconocida como riqueza viva de la nación. En diez años más los mayores de 60 años serán el 35% del padrón electoral ¿el sistema reaccionará solo cuando el peso de las urnas lo vuelva inevitable?

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile