El Presidente Boric volvió a opinar en clave internacional, esta vez para nuevamente condenar la censura que Donald Trump habría ejercido contra el Museo Smithsonian. En abstracto, la postura parece incuestionable: ningún poder político debería mutilar la libertad cultural. Pero el problema no es el fondo, sino la forma, el momento y, sobre todo, la inconsistencia comunicacional que refleja.

No es la primera vez que ocurre. En materia de relaciones exteriores y a propósito de los comentaríos del presidente Boric sobre Irán, se vuelve a convertir la política exterior en una vitrina de opinología personal. No hay señales de consulta a Cancillería ni de una estrategia diplomática. Lo que debería ser responsabilidad de Estado se degrada a comentario editorial, sin medir coherencia ni efectos.

En materia cultural sucede algo similar. En 2022, el Presidente proclamó públicamente que “la cultura es prioridad de nuestro Gobierno” y que se garantizaría su impulso con recursos y políticas claras. Hoy, tres años después, buena parte del sector alega promesas incumplidas, mientras proyectos y festivales se suspenden o se ven truncados. Esta contradicción entre discurso y acción evidencia un patrón: la comunicación presidencial produce expectativas que la gestión no logra cumplir, generando desconfianza y ruido institucional. Desde la perspectiva de la comunicación estratégica, esta incoherencia es tan dañina como la censura explícita.

Mientras se condena la censura ajena, en casa la cultura se apaga por abandono. El Congreso rechazó partidas del presupuesto cultural 2025 que afectarán a sitios de memoria como Villa Grimaldi, el Museo de la Memoria o Londres 38. La molestia del sector se hizo visible en protestas frente al Congreso y al Archivo Nacional: “no somos un adorno, somos memoria”, advirtieron.

58 organizaciones denunciaron la lentitud en la entrega de fondos del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), que mantiene proyectos paralizados y artistas sin sustento. Actrices como Amparo Noguera y actores como Francisco Melo lo han dicho sin rodeos: este era el Gobierno donde la cultura debía florecer, y no floreció.

A ello se suma el caso de festivales regionales y certámenes cinematográficos que han debido suspenderse o posponerse por falta de ejecución presupuestaria y nula gestión ministerial. El Festival Internacional de Cine de Valdivia, por ejemplo, debió ajustar drásticamente su programación ante la incertidumbre financiera; encuentros literarios en regiones se cancelaron sin explicación; y varios proyectos fílmicos con fondos adjudicados se han visto frenados por demoras administrativas. No es un recorte explícito, pero sí una forma de silenciamiento: la inacción, la mediocridad y el olvido matan la cultura tanto como un decreto prohibitivo.

Porque la censura no siempre se ejerce con tijeras y órdenes: también opera en la parálisis, en la burocracia que asfixia, en la falta de prioridad política que deja morir iniciativas. Es la censura del olvido.

Por eso, cuando el Presidente condena a Trump por censurar, sus palabras pierden fuerza frente a una gestión que, por omisión, ha silenciado voces locales. La consistencia política y prudencia comunicacional son activos estratégicos: no basta con declararse defensor de la cultura en el extranjero, hay que cuidarla aquí, todos los días, con políticas claras, recursos oportunos y visión.

Recordaba Aristóteles que “no basta con hablar de la virtud; hay que practicarla”. En comunicación, gestión cultural y relaciones internacionales, la autoridad real y la reputación externa se construyen actuando con menor improvisación y mayor coherencia puertas adentro.

Por Juan Cristóbal Portales.