El paro que un sector de los camioneros ha convocado para demandar mayores medidas de seguridad ante los reiterados atentados de que han sido objeto en La Araucanía -también se busca visibilizar situaciones de inseguridad que los transportistas sufren en otras zonas del país- entra en su sexto día, y las consecuencias de ello ya comienzan a afectar a la población.

Hasta el momento se han verificado cortes de rutas, algunas operaciones portuarias ya están enfrentado problemas para el desembarco de las cargas, mientras que los supermercados y algunas cadenas de distribución de combustible alertan sobre riesgos de desabastecimiento. La autoridad ha señalado que si esto continúa no quedará otro camino que utilizar todos los recursos que la ley le franquea, entre ellos invocar la Ley de Seguridad del Estado, la cual contempla severas sanciones.

Aun cuando el reclamo que han levantado los camioneros es plenamente justificable, y es un hecho que el estado de derecho se ha debilitado a niveles muy peligrosos en La Araucanía -también en zonas del Biobío y Los Ríos-, la forma de canalizar estas demandas no puede descansar en el quebrantamiento de la legalidad ni en medidas de presión que afectan directamente al resto de la población. En tal sentido, si este paro no se depone y existe evidencia de que se están produciendo daños concretos en la población, la autoridad debe proceder a invocar dicha ley, sin perjuicio de que serán los tribunales los llamados a determinar si cabe a no su aplicación para este caso concreto.

Según ha señalado el gobierno, las negociaciones para detener el paro han seguido avanzando y no se descarta que pronto se alcance una solución. A pesar de que se han concedido varios de los puntos solicitados por los camioneros -ampliar zonas de descanso en la ruta 5 Sur, aumentar el número de cámaras de seguridad y apoyo económico a las víctimas-, un aspecto que ha resultado complejo es la demanda para que el Ejecutivo coloque suma urgencia a una serie de proyectos de ley que se tramitan actualmente en el Congreso, y que refuerzan la agenda de seguridad, entre ellas, la protección de infraestructura crítica, o la nueva ley de inteligencia. El gobierno ha ofrecido agilizar dichas iniciativas antes de marzo del próximo año, pero algunos sectores estiman que ese plazo resulta muy extenso. No sería razonable que se consienta en presionar al Congreso, y menos aún pretender que materias que requieren un cuidadoso análisis sean despachadas a toda prisa, sin perjuicio de que algunas de estas iniciativas requieren ser abordadas con prontitud.

La importancia de que en democracia las demandas que los distintos sectores buscan levantar se hagan a través de los cauces institucionales o por medios pacíficos ha vuelto a relevarse con motivo de esta movilización. Exigir el respeto a la ley y el orden público es lo que corresponde en este caso, pero esa misma coherencia es la que cabe demandar de todos los sectores políticos cada vez que se quebranta el estado de derecho. La pasividad de muchos frente a los graves atentados que casi a diario afectan a La Araucanía, o la resistencia a condenar tajantemente los graves hechos vandálicos que se registraron con ocasión del 18/O, son inconsistencias que tampoco deben pasarse por alto.