Las labores de cuidado son esenciales para el funcionamiento de la sociedad y de la economía. Sin embargo, históricamente han sido asumidas de manera desigual, recayendo de forma desproporcionada en las mujeres.

Para cambiar esta realidad -si realmente queremos hacerlo- es necesario avanzar en corresponsabilidad social de los cuidados. Esto implica entender que las actividades de cuidado deben ser una responsabilidad compartida entre todos los actores de la sociedad: el Estado, el sector privado, las comunidades, las familias y, dentro de estas, tanto de hombres como de mujeres.

Todas las personas y las instituciones debemos valorar los cuidados, reconocer su importancia y hacer esfuerzos concretos por redistribuirlos de manera más justa, asumiendo la responsabilidad que corresponda. De no hacerlo, la carga seguirá concentrándose donde mismo: en las mujeres.

Y en esto último radica la importancia de avanzar en este camino. Porque la corresponsabilidad social es una condición estructural para la igualdad entre hombres y mujeres. Sin corresponsabilidad no hay igualdad real; no se cierran las brechas salariales, no se reduce la pobreza femenina ni se garantiza la autonomía económica de las mujeres.

Por eso es tan relevante la discusión que se ha dado en torno al proyecto de ley de sala cuna universal, que ha generado un amplio debate en los últimos días. Uno de los principales puntos de controversia -especialmente de cara al cambio de gobierno- ha sido su financiamiento. En particular, destaca la pregunta sobre si el costo debe recaer, aunque sea parcialmente, en los empleadores, o si debe ser asumido exclusivamente por el Estado, eximiendo por completo a las empresas.

Hoy, el beneficio es financiado por los empleadores, pero para un grupo acotado de mujeres, generando efectos negativos tanto en la empleabilidad femenina actual como también en la sostenibilidad futura del sistema de protección social. En un país que envejece aceleradamente, llegará un punto en que necesitaremos una fuerza laboral más amplia, y lamentaremos de no haber impulsado a tiempo políticas que permitan incorporar plenamente a un grupo que sigue teniendo menor participación en el empleo formal: las mujeres.

Lo que propone este proyecto -junto con desanclar el costo de la sala cuna de la contratación femenina- es socializar el cuidado a través de su financiamiento. El nuevo esquema permite que tanto mujeres como hombres accedan al beneficio y se financie mediante un fondo en el que participan el Estado y los empleadores.

Así, los cuidados dejan de entenderse como una responsabilidad individual -y predominantemente femenina- para asumirse como una responsabilidad compartida, y esto no es irrelevante, es un cambio estructural. Porque los cambios reales requieren del compromiso de todos los actores, el mismo compromiso que han demostrado las mujeres al sostener los cuidados -y el desarrollo- prácticamente solas.

Por Cristina Vio, directora ejecutiva de ComunidadMujer