James Madison —uno de los padres fundadores de EE.UU.— dejó esta advertencia en el Federalista Nº 62: “De poco servirá al pueblo que las leyes sean dictadas por hombres de su elección si tales leyes son tan voluminosas que no pueden ser leídas, o tan incoherentes que no pueden ser comprendidas; o si sufren cambios tan incesantes que nadie que sabe cuál es la ley hoy pueda siquiera conjeturar cuál será mañana. La ley se define como una regla de acción; pero ¿qué regla puede ser aquella que es poco conocida y todavía menos estable?”

Madison alertaba sobre un riesgo transversal de la regulación: que esta se complejice y enmarañe al punto de que ni regulador ni regulado la entiendan, y que dicha maraña sea tan cambiante o discrecional que deje de ofrecer certezas. Estos riesgos se exacerban cuando la regulación —como ciertos personajes de novela— cobra vida propia: capas normativas superpuestas sin coherencia, generando un entramado que se expande por inercia.

Como ha recomendado la Ocde (y el sentido común), es crucial revisar periódicamente la regulación, buscando alcanzar con simpleza el objetivo regulatorio. Se trata, en el fondo, de podar el árbol: no para derribarlo —como algunos creen—, sino para fortalecer sus ramas principales y dejar entrar la luz. Pero la poda no basta: también es necesario retirar la maleza que lo rodea y lo ahoga. Al final, es ordenar lo central y despejar lo accesorio, para que el árbol crezca sano y cumpla bien su función.

Este es el desafío central del debate de la “permisología” en Chile. Pocos discuten —basta ver la última elección presidencial— que es indispensable podar la frondosidad asfixiante de nuestras normas, que se traduce en complejidad, discrecionalidad y extensos tiempos de tramitación (CNEP). Como mostramos en la comisión Marfán, la “permisología” actual representa un elevado impuesto indirecto a la inversión. Pero no solo eso: afecta la competencia —al actuar como barrera de entrada—; castiga a las pymes, que no tienen espaldas para enfrentar la maraña; y retrasa obras sociales urgentes como hospitales, donde los tiempos se traducen en listas de espera.

El momento es propicio. El gobierno que termina avanzó en permisos sectoriales e instaló en la ley principios valiosos extensibles a otras áreas: costo-efectividad, conciliación entre protección y desarrollo, simplificación y facilitación, proporcionalidad, estandarización y previsibilidad. Y el gobierno que inicia ha declarado que la simplificación regulatoria estará en el centro de sus prioridades. No se trata de talar el árbol rebajando estándares de protección. Se trata de podarlo aplicando estos mismos principios a otros ámbitos —desde luego el ambiental— para que la protección no derive en una maraña permisológica que frena la inversión productiva y social.

Con ese mismo espíritu, desde Horizontal y Pivotes entregamos al futuro ministro de Hacienda una propuesta con 68 modificaciones específicas en cuatro ámbitos clave: permisos ambientales, aguas, concesiones marítimas y hallazgos arqueológicos / Consejo de Monumentos Nacionales. La novedad es que ya no es solo diagnóstico, sino control de cambios directo sobre los textos normativos, lápiz y goma en mano. El objetivo no es talar la necesaria regulación, sino ordenar, simplificar y dar coherencia para que los privados inviertan más y mejor y el que Estado ejecute la inversión pública sin trabas innecesarias.

Ese debiera ser el ánimo dominante en el debate que viene. Más que describir obstáculos, proponer soluciones. Nadie debería sobrar en este esfuerzo. Chile necesita destrabar su capacidad de invertir y ejecutar: para crecer, competir y concretar obras sociales que no pueden seguir esperando.

Y es que esta no debiera ser una agenda de derecha o de izquierda, sino de Estado. Por ejemplo, países tan disímiles como Australia, Estonia, Irlanda o Noruega han impulsado reformas para simplificar y agilizar permisos ambientales, energéticos o urbanos. En Chile, el actual gobierno de izquierda dio un bienvenido paso en permisos sectoriales, y ahora corresponde que el gobierno de derecha entrante prosiga en otras áreas —en particular la ambiental. Modernizar y simplificar la regulación es, al final, modernizar y fortalecer la capacidad de un país para invertir, crecer y materializar mejores prestaciones sociales. Pero también es una necesidad por respeto al ciudadano que, como señalaba Madison, necesita normas comprensibles, coherentes y previsibles.

Borges advertía que “las ficciones, elaboradas por los hombres, acaban por gobernarlos”. En la literatura, que los personajes cobren vida propia puede ser una maravilla. En la regulación, en cambio, es una pesadilla: un texto que se vuelve contra su lector. Simplificar —podar el árbol— no es un capricho técnico: es recuperar la capacidad del país para invertir, del Estado para ejecutar y de la sociedad para avanzar. Chile necesita destrabar antes que enmarañar. Ese debería ser el norte de una impostergable política de Estado.

*El autor de la columna es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, presidente de Horizontal y exministro de Hacienda