Por 81 votos a favor y 46 en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la moción que declara insanablemente nula la actual ley de pesca, un paso inédito considerando que el Congreso carece de atribuciones para ello, ni siquiera apelando a circunstancias extraordinarias. Frente a este hecho, el gobierno hizo reserva de constitucionalidad, pero aun así el paso que han dado los legisladores constituye un nuevo precedente sobre la grave distorsión de sus facultades constitucionales, tal como ha sucedido por ejemplo con los reiterados intentos por eludir la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

La moción en análisis es encabezada por diputados del Partido Comunista, y luego de varios años de mantenerse inactiva, fue colocada en tabla, en una lógica de peligrosa destrucción de la legalidad vigente. A pesar de que la actual ley de pesca fue aprobada por una amplia mayoría en su momento, acusaciones posteriores de que algunos parlamentarios recibieron financiamiento irregular o influencias indebidas por parte de algunas pesqueras durante la tramitación legislativa, sirvieron de pretexto para buscar la nulidad de esta norma, por estimar que se encuentra viciada en su origen. Asimismo, se han hecho ver una serie de efectos negativos que la actual ley ha provocado en materia medioambiental o en la sustentabilidad de los recursos pesqueros.

La arquitectura jurídica vigente permite la invalidación de una ley, pero le otorga esa atribución al pleno del Tribunal Constitucional y con un quórum especial. No cabe entonces que los parlamentarios recurran a la figura de “anulación” sin que con ello se ponga en grave riesgo la estabilidad del estado de derecho.

Cabe a los tribunales establecer las responsabilidades que eventualmente correspondan en cada uno de los hechos denunciados. Pero esta justificada preocupación no puede ser pretexto para eliminar una norma por vías inconstitucionales. Esta acción se ha llevado a cabo ignorando todos los inimaginables efectos que podría traer la anulación de la ley, pues tal como han advertido juristas también dejaría nulos una serie de efectos jurídicos realizados al amparo del actual ordenamiento, y desde luego retrotraería el marco jurídico para el sector pesquero a la ley que regía con anterioridad. Esta había sido objeto de múltiples cuestionamientos, entre otras razones porque fomentaba capturas indiscriminadas, con grave impacto para la sustentabilidad de los recursos marinos, y porque no entregaba suficientes garantías a la pesca artesanal.

Este irresponsable proceder ocurre cuando el propio Ejecutivo viene tramitando un proyecto de ley para introducir reformas sustanciales a la actual ley de pesca (“ley corta”), que actualmente se encuentra en el Senado. Aun cuando esta propuesta también ha sido objeto de controversia -en particular en lo referido a reemplazar las actuales licencias transables de pesca por mecanismos de subastas-, cuando menos se ajusta al camino establecido en la Constitución para efectos de modificar o reemplazar una norma. Queda ahora esperar que la Cámara Alta introduzca sensatez en el debate y no dé curso a un proceder que valida artilugios.