Ha empezado la tramitación de la Ley de Presupuestos del Sector Público. En el sector educación hay malas noticias: el gasto en gratuidad de la educación superior sigue aumentando, a pesar de que no han ingresado instituciones nuevas a la política, ni la matrícula de estudiantes beneficiados haya crecido significativamente. Hay un aumento relevante del gasto en apoyar la gestión de la educación pública, pero se deja fuera a la educación particular subvencionada, que es mayoritaria y la más preferida por los padres

El punto ahora es adelantarse a lo que ha sido una práctica en los últimos erarios fiscales: la negociación de un “protocolo de acuerdo” entre la oposición y el gobierno, específicamente en materia de educación, con el objetivo de destrabar la discusión.

En la Ley de Presupuestos tramitada a fines del año 2023, el protocolo se concentró en la prevención de una crisis en los SLEP como la que se observó en la región de Atacama, con 80 días de paralización. Se estableció en el protocolo el diseño de estándares para el traspaso de los nuevos SLEP. El propósito fue evaluar el cumplimiento de dichos estándares en cada servicio local antes de que tuviera que tomar el control de los colegios públicos de su territorio. Tras dos años de aplicación, esta idea fue – a mi modo de ver – exitosa. No sólo permitió postergar la implementación de servicios que no estaban en condiciones de traspasarse sin afectar a los niños, si no que se terminó consensuando un método que disminuyó la tensión política asociada a la desmunicipalización.

El año 2024, en cambio, el protocolo se concentró en el sistema de admisión escolar. Se creó una mesa de trabajo que trabajó para dar fundamento a la modificación al SAE, y la asignación por azar (“tómbola”) quedó suspendida. Pero salió todo mal. La mesa de trabajo sugirió cambios menos que cosméticos, pues fue liderada y compuesta, en su mayoría, por adherentes del SAE. La propuesta del gobierno fue aún menos ambiciosa. ¿Y la asignación por azar? Se reemplazó esencialmente por el RUT de los estudiantes y el identificador de los colegios, lo que también corresponde a una asignación… al azar. En ese protocolo también se tomaron otros compromisos, como tramitar la necesaria flexibilización de la ley de subvención escolar preferencial, que no se cumplieron.

La evidencia es mixta, pero debemos tomar enseñanzas. La Ley de Presupuestos no debiera usarse para modificar aspectos permanentes (como el SAE), pero sí para flexibilizar aspectos contingentes (como el calendario de traspasos). Los protocolos, negociados al final de la tramitación y normalmente con un importante desgaste político, no son la forma de diseñar políticas públicas. Es probable que este año, dado el contexto electoral, los conflictos entre oposición y gobierno se sumen a presiones más intensas de grupos de interés particulares, como las universidades del Estado. Si se llega a revisitar la solución de un protocolo de acuerdo –que además será otro gobierno el que deberá implementarlo– se debe resguardar la integridad y sostenibilidad de las políticas públicas, y no introducir más incertidumbre al sistema.

Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar