La Comisión Asesora para mejorar la Transparencia, Calidad y el Impacto del Gasto Público, creada a instancias del Ministerio de Hacienda, entregó recientemente su informe con el objetivo de colaborar en el diseño e implementación de reformas que permitan aumentar la calidad, eficiencia, transparencia y participación ciudadana en el gasto público. Como se recuerda en el informe, se parte de la base de que para que el gasto público cumpla con sus objetivos, resulta esencial contar con las herramientas que permitan medir y controlar mejor la calidad de dicho gasto.

Nuestro país ha debido incrementar sustancialmente el gasto público en los últimos años, primero para hacer frente a las consecuencias de la crisis social, y luego para hacerse cargo de los efectos de la pandemia del coronavirus. Como porcentaje del PIB el gasto público ya representa más del 25%, y para el año 2021 se contempla un total de gastos por más de US$ 73 mil millones. En esas magnitudes, contar con herramientas que permitan un uso eficiente de los recursos públicos se hace indispensable.

El informe -que fue elaborado por un variado grupo de expertos- entrega insumos valiosos para este debate. Como marco general, se establecen seis objetivos; entre ellos, tener un presupuesto con objetivos “país” y asociarlos al gasto público del gobierno central, tal que la finalidad de los recursos sea avanzar en forma medible hacia dichos objetivos. También se propone facilitar que el debate presupuestario priorice mejor los recursos públicos; crear un sistema de monitoreo y evaluación vinculado al proceso presupuestario y aumentar la transparencia fiscal e incrementar la participación ciudadana en el proceso presupuestario, entre otros.

En materia de eficacia una de las propuestas apunta a establecer un presupuesto general y luego comenzar a discutir las partidas, y no al revés, como se hace hoy; asimismo, se sugiere que el Congreso disponga de una oficina más robustecida en cuanto a sus capacidades de análisis presupuestario, con mayores capacidades técnicas para evaluar adecuadamente la información entregada por el Ejecutivo en el caso presupuestario y en cualquier otro proyecto que demande impacto fiscal; evitar negociaciones fragmentadas con parlamentarios fortaleciendo el rol de Ministerio de Hacienda y avanzar en consensos de operación entre Hacienda y el Congreso.

Las abundantes propuestas que entrega la comisión son un punto de partida para un debate más amplio, que junto con el diseño de herramientas que den eficacia al gasto público, es también necesario un debate en profundidad que examine sus dimensiones políticas. Los avances que se proponen podrían tener escaso efecto si es que no existe un compromiso de las fuerzas políticas por evitar pulsiones populistas o aprobar gastos sin tener facultades para ello, lo que se ha hecho recurrente. También es indispensable que los indicadores para evaluar la calidad del gasto -de lo cual el informe se hace cargo- no caigan en el vacío, y exista la voluntad de terminar con aquellos programas ineficientes, y no mantenerlos en el tiempo.