Por Benigno Alarcón Deza, analista político, investigador y exdirector del Centro de Gobierno y Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. También es profesor en la UCAB y la UCV, y socio director de Polis Consultores. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

En cuestión de días, las elecciones se han convertido en un tema recurrente tanto en Venezuela como en Washington. Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU la semana pasada, la presidenta interina Delcy Rodríguez prometió celebrar elecciones en el “momento oportuno”, y el presidente Donald Trump reconoció que habían abordado la cuestión en su primer encuentro, celebrado al margen de dicha reunión internacional. Previamente, los legisladores Ted Cruz y Bernie Moreno habían estado presionando a favor de unas elecciones libres y justas; asimismo, se prevé que este jueves el Comité de Relaciones Exteriores del Senado examine el asunto en una reunión a puerta cerrada.

Si bien el anuncio y el reconocimiento público de la necesidad de celebrar elecciones en Venezuela pueden resultar alentadores para la tan anhelada transición democrática, falta una pieza en la ecuación: el compromiso de la administración Trump de establecer un calendario electoral.

El plan de tres fases que el secretario de Estado Marco Rubio dio a conocer en enero -estabilización, recuperación y transición- nunca incluyó fechas, y Trump no fijó una fecha para las elecciones durante la reunión de la ONU celebrada la semana pasada. La ausencia de una hoja de ruta clara y verificable para celebrar comicios en el país se está convirtiendo en una prueba que se reduce a una sola pregunta: ¿está Washington dispuesto a establecer un calendario electoral cuando hacerlo podría entrar en conflicto con sus intereses económicos y estratégicos más inmediatos?

Casi diez meses después de la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos sigue ejerciendo una influencia extraordinaria y sin precedentes sobre Venezuela. Esta influencia condiciona no solo las acciones del régimen, sino también las de la oposición organizada. No obstante, persisten las contradicciones: mientras Washington promueve un diálogo político entre la oposición y el régimen -con una tercera ronda de conversaciones prevista para mediados de octubre-, la líder política María Corina Machado lucha por regresar al país tras siete intentos fallidos, en medio de la reticencia de Estados Unidos a facilitar su retorno. Sin un calendario electoral, cualquier logro en las negociaciones en curso no hará más que consolidar lo que hoy parece una estabilidad frágil y esquiva.

Avance asimétrico

El plan de Estados Unidos avanza, pero con un compromiso marcadamente asimétrico. Las dos primeras fases se están ejecutando mediante instrumentos verificables: licencias, contratos, fondos auditados por KPMG, un préstamo del BID en fase de preparación, un polémico proceso de reestructuración de deuda de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares que aún no ha comenzado realmente y, más recientemente, el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” que involucra a un operador petrolero poco conocido con sede en Barbados, North American Blue Energy Partners (NABEP), propiedad del controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt.

La tercera fase se está llevando a cabo mediante declaraciones en lugar de compromisos firmes. Lo que le importa a Washington está bajo contrato; lo que les importa a los venezolanos solo ha sido objeto de promesas.

Washington reconoce que no existe un plazo fijado para las elecciones, y el régimen ha llenado ese vacío a su manera. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció -con cierto cinismo- cuatro procesos electorales, dejando la elección presidencial para el final de la lista. Hay quienes temen, con razón, que la intención del régimen -al jugar con los “plazos establecidos por la Constitución” y servirse de ellos- apunte al calendario electoral ordinario; bajo este esquema, un gobierno electo (situación que no se da en este caso) podría prolongar su mandato hasta 2031.

Como demuestra la obra de Thomas C. Schelling sobre el conflicto y la cooperación mediante la teoría de juegos -en su libro fundamental La estrategia del conflicto (1960)-, un compromiso resulta creíble cuando es visible, costoso de revertir y conlleva consecuencias automáticas. Washington ha evitado cumplir estas tres condiciones en la fase política, ya que fijar una fecha le obligaría a sancionar a un socio útil. Sin una fecha establecida, el tiempo juega a favor del régimen. El Acuerdo de Barbados ya demostró en 2023 cómo terminan los compromisos que carecen de costos automáticos ante el incumplimiento.

¿Una falacia de secuenciación?

El diálogo de negociación ha arrojado algunos resultados. La segunda ronda concluyó el 25 de septiembre con la creación de un consejo de juristas de siete miembros -que examinará a los candidatos a la Corte Suprema- y el compromiso de designar la comisión que iniciará el proceso de selección. Se trata del primer paso que involucra a personas concretas, pero no es decisivo: su dictamen no es vinculante, la decisión final recae en una Asamblea Nacional afín al gobierno y cuatro de sus integrantes ya han ejercido como jueces.

La tercera ronda, prevista para mediados de octubre, carece de agenda pública. Hasta ahora, lo que se está concretando conlleva costos mínimos, mientras que se pospone aquello que supondría una transferencia de poder real: las decisiones relativas a la autoridad electoral, el calendario electoral, los presos políticos y el retorno de los exiliados. En mi último libro, Conflict and Negotiation, sostengo que en los regímenes autoritarios la negociación se convierte en un instrumento para ganar tiempo. La novedad es que esta táctica también beneficia al actor que supervisa el proceso actual. La negociación absorbe la presión del Congreso, la diáspora y los aliados, al tiempo que Washington avanza en la consecución de sus objetivos.

La estrategia estadounidense de desarrollar la capacidad estatal como requisito previo para las elecciones conlleva varios riesgos. Mejorar la gobernanza, la sostenibilidad de la deuda y la capacidad del Estado -y, en última instancia, reconstruir un país tras dos terremotos devastadores- puede llevar décadas. Condicionar la celebración de elecciones a estos factores implica posponerlas indefinidamente. En 2007, el académico estadounidense Thomas Carothers argumentó en contra de la llamada “falacia de la secuenciación”: los autócratas no construyen el Estado de derecho que limitaría su propio poder. Un gobierno electo está en mejores condiciones para crear dichas circunstancias, ya que puede pedir a la ciudadanía sacrificios que un gobierno designado no podría exigir.

El eventual regreso de Machado a Venezuela transformaría una secuencia controlada en una pugna por el calendario electoral, además de aumentar el temor del régimen y el costo de tolerar una oposición liderada por una figura que cuenta con el respaldo de una amplia mayoría del país. Esto pone en peligro la estabilización y la cooperación que Washington busca preservar. Para la estabilización, Machado puede representar un riesgo; para una transición democrática creíble, su participación es fundamental.

Desbloqueando el proceso

El régimen actual no se democratizará por iniciativa propia; solo lo hará cuando el costo de resistir supere el costo de ceder. Washington ya ha reducido el costo de tolerar al régimen -mediante el reconocimiento, el diálogo y la exención de acciones judiciales- sin aumentar el costo de resistir. Ha ofrecido el incentivo de la supervivencia sin aplicar la presión de un calendario electoral.

Tres factores podrían alterar ese cálculo: las exigencias relacionadas con la deuda externa, que suelen condicionar el financiamiento a la restauración institucional; la presión del Congreso de EE.UU., que ya debate un calendario electoral; y el regreso de Machado.

Ante la Asamblea General de la ONU, Delcy Rodríguez pidió al mundo que observara los cambios en Venezuela. Vale la pena hacerlo, sin olvidar que una promesa y una reunión en Nueva York no generan legitimidad; un calendario con fechas aportaría credibilidad al plan de tres fases de Trump y Rubio. Mientras eso no exista, el país solo cuenta con una estabilidad frágil y prestada, y todo préstamo tiene una fecha de vencimiento.