Para que un sistema capitalista funcione bien requiere estabilidad, porque las empresas necesitan un entorno que acote la incertidumbre. Esto les permite tomar decisiones de largo plazo, invertir y crecer. La inestabilidad social y política le hace mal a la empresa. Pero, ¿qué responsabilidad le cabe a la empresa en que haya más o menos inestabilidad?

En 1970, Milton Friedman escribió que el rol social de la empresa era maximizar sus utilidades. Las posiciones valóricas eran problemas de los individuos y el gobierno. Esa posición fue criticada, porque uno puede generar utilidades de manera poco ética. Friedman aclaró que él se refería a maximizar, pero dentro del marco legal. ¿Basta eso? No.

Desde 1970 "ha pasado mucha agua bajo el puente", aunque quizá una mejor imagen es "mucho CO2 por las chimeneas". La expansión económica ha sido espectacular: entre 1970 y 2017, el PIB mundial se multiplicó por cuatro. Hasta 2002, las emisiones de CO2 per cápita estuvieron constantes. Desde entonces, han subido un 22% (a lo que hay que agregar aproximadamente un 30% de crecimiento poblacional). Y en Chile, esta cifra ha crecido más que el promedio mundial.

Esta expansión ha sido producto de empresas privadas. Con sus variantes, el capitalismo se consolidó como forma dominante de organizar la actividad económica. Dicha consolidación tiene consecuencias: las empresas debieran hacerse cargo de su impacto medioambiental, en la sociedad y la política. La empresa privada es una formidable máquina de generación de riqueza, pero no es inocua. La actividad empresarial puede afectar la sustentabilidad del crecimiento y ser fuente de inestabilidad social y política.

Maximizar utilidades dentro del marco legal es insuficiente. Las empresas y sus directorios deben estar atentos a las consecuencias de su actividad productiva. La buena voluntad de los dirigentes empresariales no basta. El medioambiente y la estabilidad socio-política son bienes públicos y, como tales, agentes descentralizados tienden a explotarlos en exceso. Hoy existe una creciente demanda porque las empresas hagan más.

Recientemente, Hart y Zingales sugieren maximizar el bienestar del inversionista que puede tener preferencias específicas. Es complejo en empresas de propiedad dispersa y poco importante en empresas de propiedad concentrada, pero es una posibilidad.

Alternativamente, sería deseable que, con regularidad, los directorios dediquen tiempo a reflexionar cómo la empresa impacta al interés público y qué puede hacer para mejorarlo. El esfuerzo sería más rico, si dicha reflexión incluyera a todos los trabajadores, de manera de que los objetivos estén totalmente alineados en la empresa.

La empresa privada está en la base del crecimiento, pero también de varios problemas públicos. Su solución requiere un involucramiento sistemático y constructivo para que promuevan el interés público.