No es nueva, no la inventó este gobierno, ni el pasado.

Pero la política como acto de represalia permanente avanza. Las cosas no se debaten en su mérito, sino que se evalúan en tanto perjudican a quien se ve como enemigo político.

Así, leyes, medidas o iniciativas que se apoyan cuando se gobierna, se rechazan cuando se es oposición, y viceversa.

Cuesta mucho romper esa lógica, que paraliza todo. Se logró en pensiones, en que costó años poder ponerse de acuerdo, porque, al cambiar de lugar en la mesa oposición-oficialismo, lo que ayer se veía bien, luego era inaceptable. Fue gracias a un grupo transversal -que no incluyó a republicanos, el partido que hoy gobierna- que se desafió la política de la retaliación permanente y se acordó la reforma de pensiones, cuya solución no fue perfecta, pero fue mejor que lo que había. Y eso ya es suficientemente bueno.

Pero fue solo la excepción, no el cambio de tendencia.

Hoy la política de la revancha la vemos más viva que nunca con la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Quienes antes la padecieron, hoy la invocan; y quienes ayer la invocaron, hoy la padecen.

Como ha explicado el constitucionalista Jorge Correa Sutil, y otros destacados abogados, no habría mérito jurídico ninguno para esta AC. Se acusa al exministro de infringir cuatro normas, pero “tres de ellas no contienen deberes, por lo que mal pueden ser vulneradas. La cuarta le imputa infringir deberes de transparencia, sin indicar qué habría ocultado, y a la probidad, sin identificar en qué habría mentido” (Correa Sutil). Pero la AC avanza igual. Un grupo de parlamentarios transversales va a ingresar un proyecto de ley esta semana para aumentar los requisito para la AC: es loable que naveguen contra la corriente, pero la energía destructiva contra Grau ya se desató. Y la venganza posterior ya se anunció bajo la forma de una posible acusación contra el ministro de Hacienda actual, Jorge Quiroz.

Y guardando las distancias, algo similar estaría ahora en riesgo de suceder con la sala cuna universal. En enero de este año, en el gobierno anterior, se llegó a un acuerdo transversal. No era completamente transversal (no incluía a republicanos), pero incluía al entonces oficialismo -que había partido desde posiciones bien distintas y distantes- y a liderazgos de sensibilidad de derecha y centroderecha. Los votos estaban, pero el presidente de la Comisión de Educación, el UDI Gustavo Sanhueza, impidió su avance a través de una maniobra penosa: no convocó a la sesión y no se pudo votar. Con amargura total se vivió ese momento, en que se perdió la oportunidad de terminar con una injusticia y, en los hechos, un impuesto al trabajo femenino, como es darles el derecho a sala cuna solo a quienes son hijos de madres que trabajen en empresas con 20 trabajadoras o más. Primó la ceguera, la ideologización y el pequeño cálculo político de no darle un triunfo al gobierno del expresidente Boric. Y quedó todo en el congelador.

Pero esta semana el gobierno del Presidente Kast presentó indicaciones, reactivando la discusión. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien ha liderado el “descongelamiento” de sala cuna, optó acertadamente por no echar abajo todo lo avanzado antes. Hay cambios, es cierto, pero no “pasó máquina”. Y si bien deja algunos temas por resolver, ello no pareciera ser un obstáculo fatal que impida llegar a un acuerdo amplio. La oposición tiene en sus manos la decisión de rechazar todo a rajatabla (y explicar cómo la izquierda puede oponerse a terminar con esta discriminación tan dañina contra las mujeres) o sentarse a negociar con el ministro Rau aquellos aspectos que les parecen débiles o mal resueltos.

¿Es perfecto lo que presentó Rau? No. Pero ¿es mejor que lo que hay hoy? Posiblemente sí, como han planteado el exministro Mario Marcel y la economista y académica Andrea Repetto, que valoraron la propuesta.

Repetto ha planteado, certeramente, que es una propuesta que hay que apoyar en su conjunto y, a la vez, cuidar que el diseño logre lo que se busca. Para ello es importante determinar cómo quedaría el seguro de cesantía y su sostenibilidad, haciendo precisiones al informe del Super de Pensiones. También revisar cómo quedará el arancel que fijará Hacienda, que será sin que el informe de un comité de expertos sea vinculante (riesgo de que el arancel sea bajo y el copago alto). Y, como tercer punto, ha insistido en que sería bueno reforzar la oferta pública de salas cuna, como parte de este proyecto, tanto en recursos como en extensión horaria.

¿Es esto algo imposible de mejorar en el resto de la tramitación legislativa? ¿Es limitante para no apoyar? No parece ser el caso. No lo piensa así Repetto.

¿Primará, de lado y lado, el bien superior de mujeres, de niños y niñas, o la política de la revancha?