Hoy existen 1.428 campamentos en el país, la cifra más alta desde 1996. Entre 2023 y 2025 aumentaron en más de 6.000 familias. Ante esta crisis, Carolina Tohá indica que “una de las claves evidentes, es que hay que hacer un plan de asentamiento, de regularización, en el lugar donde están, de todos los campamentos que sea posible regularizar ahí mismo”. ¿Es esta la señal de política pública que se debe enviar sobre este asunto de extraordinaria gravedad? Aunque sea contraintuitivo, la respuesta es que no, y es necesario explicar por qué.

Primero, está la factibilidad técnica. El informe de TECHO de enero determina que, usando la base del Catastro Nacional 2022-2023, un 2% de los campamentos cumplen con las condiciones. Si se considera la aplicación de instrumentos existentes, y a ello se le suma un fortalecimiento de la organización interna, se llega al 15%; y si solo se consideran variables territoriales, a un 17,5%. Pero el reporte advierte de la escasa actualización de los instrumentos territoriales vigentes al identificar riesgos, y trae a colación un estudio de 2023 (también de TECHO) en el que se advertía que el 91,3% de los asentamientos está expuesto a riesgos de derrumbe, aluvión, incendio o tsunami. Es cierto: un porcentaje menor de los campamentos (226 de los 1.428 totales) admitiría ser radicado en el corto plazo, pero declarar esa estrategia generará expectativas en todos los habitantes de ellos, la mayoría de los cuales (68%) prefiere quedarse en el lugar donde está, pero verá frustrados sus anhelos ya que habita un campamento que no cumple con las condiciones.

Pero esto no es lo más grave. La verdadera fisura de esta postura es la señal que envía. ¿Cómo explicar a las familias que han esperado años por una vivienda, y que también son vulnerables, que había otra forma de acceder a ella, saltándose la fila? ¿Que bastaba con tomar un predio para forzar al Estado a resolver la situación regularizando y urbanizando? ¿Había dos caminos entonces para tener una casa, uno legal, lento; y otro ilegal, más rápido y eficaz? La reciente encuesta “Chile nos habla” de la USS muestra que el 81,6% de los chilenos cree injusto que los ocupantes ilegales reciban soluciones antes que los que han esperado su turno; un 78,8% piensa que hay que hacer valer la instrucción de desalojo dada por los tribunales en el caso de San Antonio; y un 62,3% dice que lo que hagan las autoridades en este caso podría incentivar nuevas ocupaciones.

Es cierto que la radicación existe en Chile hace años, que se lleva adelante mediante programas y planes serios. No es que no pueda hacerse, ni que carezca de ventajas. El problema es el momento actual, con un aumento explosivo de campamentos como no se veía en tres décadas. Toda política debe evaluarse en dos frentes: según su capacidad de resolver la crisis actual y de desincentivar que se siga produciendo. La radicación, como la propone Carolina Tohá, puede aportar al primero de ellos, pero claramente perjudicará al segundo.

Por Ricardo Abuauad, decano Campus Creativo UNAB y profesor UC