La importancia de la agenda de integridad y transparencia en las cuentas públicas del Presidente Boric, ha tenido la misma trayectoria que la fuerza de los esfuerzos políticos y legislativos de lograr llevar las promesas e intenciones a resultados concretos, que puedan fortalecer las políticas de integridad en nuestro país.

En la primera cuenta pública que al mandatario le correspondió enfrentar, en 2022, la probidad y transparencia ocuparon un apartado completo. En esa instancia se fijó el rumbo de la agenda; aquello que se esperaba lograr. Se anunció una estrategia de integridad, el fortalecimiento de la prevención del conflicto de interés en las compras públicas, una nueva norma de lobby, un canal de denuncias de corrupción y ley de transparencia 2.0, entre otras.

Ya en 2023 las prioridades comenzaron a cambiar. La agenda de integridad se movió hacia los municipios, la regulación del postempleo y urgencias a los proyectos de denuncias y transparencia, pero ocupando una importancia mucho menor.

En la cuenta pública de 2024, lo que antes había sido un apartado ya no ocupa más que un párrafo, a pesar de la conmoción que generó el caso convenios y las recomendaciones de la Comisión Jaraquemada; lo único nuevo que se mencionó fue una propuesta de cambios en la regulación del levantamiento del secreto bancario.

Siguiendo esa tendencia a la irrelevancia de la agenda de probidad y transparencia, en su última cuenta pública el Presidente reconoció el pasado domingo la insuficiencia de la Estrategia Nacional de Integridad Pública. Hizo un llamado al Congreso a poder aprobar los proyectos presentados, pero ¿el esfuerzo de poner obstáculos a la corrupción se termina en la presentación de un proyecto? ¿Acaso no tiene el Ejecutivo herramientas para priorizar la discusión legislativa? O, ¿no es posible convocar un pacto transversal para nuevos valores y un mayor estándar en la política?

Hoy, la agenda de probidad parece tener un lento desvanecer. Los esfuerzos parecen agotarse en la presentación de proyectos; el mundo político parece descansar en las declaraciones, más que en las acciones. Si hay algo que hoy podemos aprender del pasado, es que no podemos construir un futuro, si no nos detenemos a mirar las lecciones del pasado.

Los dos grandes impulsos legislativos en materia de probidad que hemos tenido en los últimos años (Acuerdo Insulza-Longueira y Comisión Engel), se han logrado por el ánimo de allanar posiciones, encontrar mínimos comunes amplios, y manteniendo activa la discusión legislativa que nos permita llevar las declaraciones a acciones, que se traduzcan en resultados concretos, que puedan fortalecer nuestra institucionalidad.

Por Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente.